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El 25 de febrero de 2021 la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aceptó el sometimiento ante esta justicia del exsenador Álvaro García Romero, condenado por la masacre de Macayepo a una pena de 40 años de cárcel, una de las sanciones más altas contra un congresista que tuvo nexos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y participaran de sus crímenes. El exsenador se ofreció a aportar la verdad detallada, exhaustiva y extraordinaria sobre los nexos del paramilitarismo con la clase política del caribe colombiano.
Un año después, esta jurisdicción por medio de la Sección de Apelación, revocó la aceptación del sometimiento y expulsó al exsenador Álvaro García Romero conocido como alias Gordo García, al considerar incipientes e insuficientes sus aportes a la verdad. La noticia fue conocida por W Radio y señala que, “el excongresista se dedicó en sus aportes tempranos al esclarecimiento a negar su responsabilidad en los crímenes por los que fue sentenciado”.
Incluso, se determinó que su participación en la JEP no permitió avanzar en lo absoluto en dilucidar el fenómeno de la parapolítica en la costa Caribe. La determinación no dio lugar a nuevas oportunidades, es decir, Álvaro García Romero fue expulsado de plano y perderá todos los beneficios.
La masacre de Macayepo, por la que fue condenado el excongresista, ocurrió el 14 de octubre del 2000, cuando un grupo de 80 paramilitares del Bloque Montes de María, asesinaran con piedras y garrotes a 15 habitantes del corregimiento del municipio de Carmen de Bolívar, provocando el desplazamiento forzado de por lo menos 200 familias.
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García Romero es señalado como el autor intelectual de la masacre, ya que una grabación reveló una conversación suya con el financiador de grupos paramilitares Joaquín García. En la charla, este último le pidió al entonces senador apoyo para recuperar unos animales hurtados y permitir la entrada de los grupos paramilitares a los corregimientos El Aguacate y Pajonalito, vecinos de Macayepo.
Según W Radio, la JEP expresó que de ahora en adelante los comparecientes que sean admitidos por la jurisdicción especial y ya hayan sido condenados por la justicia ordinaria, no pueden llegar a las comparecencias a negar su responsabilidad probada.
Una de las razones por la cuales la JEP había recibido la solicitud del exsenador, fue por considerarlo como “un paramilitar que no participó en las hostilidades pero que desde su condición de Agente de Estado desempeñó el rol de promoción, sustento y auspicio de la organización criminal”.
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El despacho de la JEP había concluido que el congresista obtuvo un favorecimiento electoral por parte de las AUC y después, una vez alcanzó la curul respectiva, se convirtió en tributario del grupo, aprovechando su investidura, para la subsistencia, promoción, auspicio y consolidación del proyecto paramilitar en esta región de Colombia.
Durante su proceso con la justicia de paz, García Romero presentó un proyecto de reparación para las víctimas, pero también fue rechazado. “De acuerdo con los lineamientos expresados por la Sección en la decisión, no puede admitirse un proyecto reparador de un compareciente si por otra parte en sus intervenciones está negando su responsabilidad”, señaló el tribunal de justicia.
Es de anotar que durante su sometimiento a la JEP, no se modificaron las sentencias proferidas contra Álvaro García Romero y en cabeza de la jurisdicción penal ordinaria, su pena continúo siendo cumplida en la cárcel Picota de Bogotá.
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