Con 74 votos a favor y 22 en contra se aprobó en segundo debate del Senado la ratificación del Acuerdo de Escazú, que ha sido objeto de discusiones y enfrentamientos al interior del Congreso. Los únicos partidos que se opusieron fueron Cambio Radical y el Centro Democrático. Ahora, hace falta esperar el trámite en la Cámara de Representantes.
La ratificación del Acuerdo de Escazú fue una de las principales propuestas de Gustavo Petro durante su campaña presidencial.
Con la aprobación del proyecto, Colombia se suma a Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Uruguay, convirtiéndose en el país número 14 en entrar al tratado internacional.
Cabe recordar que el Acuerdo de Escazú establece la implementación en América Latina y el Caribe de los derechos para la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales. Sus disposiciones incluyen perspectiva de género, gobierno abierto y criterios de prioridad en su aplicación para personas en condición de vulnerabilidad. También tiene un apartado para la protección de defensores del medio ambiente y líderes sociales.
El senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, fue el autor ponente del proyecto, para quien el Acuerdo de Escazú es una gran contribución a la superación de conflictos medioambientales y el desarrollo de la democracia ambiental:
“Colombia es un país que tiene una cantidad considerable de conflictos medioambientales. Tiene también el deshonroso primer lugar en las estadísticas de asesinatos de líderes y lideresas de la causa ambiental y tiene una situación muy preocupante en materia de los efectos del cambio climático”, indicó Cepeda.
En medio de la sesión, la senadora María José Pizarro, también del Pacto Histórico, aseguró que la ratificación del acuerdo significa “imperativo humanitario, ético y jurídico” del Congreso y parte primordial de la agenda ambiental del país”. También aseguró que el gobierno saliente y su bancada se negaron reiteradamente a impulsarlo y aprobarlo.
“En la legislatura pasada, en dos ocasiones la bancada de oposición tuvo que acudir al mecanismo previsto en el Estatuto para definir el orden del día y, pese a ello, fue imposible que se tomara una decisión de fondo”, indicó Pizarro.
Quien mostró su desacuerdo con la aprobación del proyecto fue la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, que publicó en su cuenta de Twitter:
“La soberanía de Colombia está en riesgo con Escazú porque, cuando fusiona Derechos Humanos con derechos ambientales, activa la jurisdicción internacional. Escazú es un gran engaño, que no suple la tragedia de los cultivos de coca que sí causan la muerte.”
Otra senadora que se mostró en desacuerdo fue Paloma Valencia, también del Centro Democrático, que aseguró que Colombia no está preparada para litigios internacionales que pueden paralizar el desarrollo del país, y que la verdadera solución a los problemas del campo es combatir al narcotráfico: “Todos queremos que el medio ambiente se proteja, pero ¿Qué pasará cuando todas las obras públicas estén en litigios Internacionales? Un País paralizado”, indicó la senadora.
Además, en su cuenta de Twitter indicó que los congresistas que aprobaron el proyecto “no escuchan a los otros colombianos”:
“Los congresistas votan no; para no escuchar los gremios y los sectores sobre Escazú. Llego el cambio que ni siquiera oye a los otros colombianos. Y eso que el 60% del senado no estuvo en los debates anteriores, no les interesa ni siquiera oír.”, publicó.
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