Nayib Bukele, cercado por una crisis inminente de impago y crecientes señalamientos por violaciones a los derechos humanos de los salvadoreños durante el régimen de excepción en que vive el país, decidió quemar las naves y, este jueves anunció que buscará la reelección en 2024, algo que la Constitución de El Salvador prohíbe de forma expresa. Antes, el presidente había intentado recomprar parte de la deuda externa sin éxito.
La cifra clave para entender las finanzas públicas salvadoreñas es USD1,600 millones. Es el monto de la deuda que El Salvador tiene que pagar en 2023 y 2025. Las certezas sobre la capacidad financiera del país centroamericano para honrar lo que debe han disminuido durante el gobierno de Nayib Bukele, cuyas políticas públicas en temas financieros y su forma de conducir el Estado han generado dudas en los acreedores, los compradores de los bonos salvadoreños y los mercados en general. Bukele acudió al Bitcoin, a un bono soberano que se suponía estaría acuerpado por la criptomoneda y, por último, a una recompra de parte de su deuda. Por ahora, los mercados siguen sin encontrar signos positivos, según analistas consultados.
El lunes 12 de septiembre, el mismo día en que en el Congreso de Estados Unidos se debatían las violaciones a los derechos humanos atribuidos al gobierno Bukele, desde San Salvador el presidente reiteró un anuncio que ya había adelantado en julio: la recompra de los bonos en los que El Salvador ampara su deuda, de “toda la deuda externa” pagadera en el 23 y en el 25.
En enero del próximo año, El Salvador tiene que pagar USD 800 millones y el resto dos años después; en medio, en 2024, elecciones presidenciales en las que, interpretación ad-hoc de la Constitución de por medio, Nayib Bukele optará a la reelección, aunque la ley primaria salvadoreña lo prohíbe de forma expresa.
Aquel tuit del 12 de septiembre tenía una primera imprecisión, algo que los mercados conocerían en pocas horas. Bukele habló de la recompra de toda la deuda, es decir de los bonos por USD 1.6 mil millones, pero muy pronto su ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, tuvo que aclarar que el Estado solo contaba con UD 550 millones para la recompra. De esos, de acuerdo con un analista financiero familiarizado con la contabilidad pública salvadoreña, cerca de USD 200 millones vienen de un préstamo del Banco Centroamericano de Inversión Económica (BCIE) y, el resto, de fondos asignados previamente a El Salvador por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Al final, el gobierno cifró su disponibilidad para la recompra en USD 360 millones. No está claro cuál es el origen de esta última cantidad; si vienen del BCIE, de lo dado por el FMI o si, como especulan algunos analistas, es lo que se puede recuperar con una reforma al sistema previsional salvadoreño que el gobierno ha dicho anunciará este septiembre.
La esperanza de la administración Bukele, con esta movida, era lograr que el precio de los bonos salvadoreños se revalorara aunque sea un poco para nivelar de alguna manera la deuda. Pero, a pesar de que hubo una pequeña subida en los minutos y horas posteriores al tuit presidencial en los bonos que vencen en 2023, los precios se estancaron muy rápido, según confirmó a Infobae un analista de Wall Street que sigue de cerca el mercado salvadoreño y quien habló desde el anonimato por no estar autorizado a hacerlo en público.
“El mercado no se iba a abrir… Las grandes preocupaciones por el país siguen ahí, por la deuda, el nivel de gasto, el bajo crecimiento. El Salvador requiere una operación de corazón abierto, no una cirugía menor… Al final termina esto entendiéndose como otro tema de publicidad para hacer ruido”, dijo el analista.
El economista salvadoreño Rafael Lemus, de la Universidad Centroamericana (UCA), cree que el anuncio de Bukele perseguía, por un lado, generar un poco de liquidez con el fin de ajustar lo que el gobierno necesita para pagar el vencimiento de 2023 y, desde una perspectiva política, lanzar el mensaje de que El Salvador sí tiene capacidad de pago. “Es un pequeño logro… (el riesgo) de default se reduce, por el vencimiento de 2023 será pagado y la deuda de 2025 se achica”, considera.
Cuando, en abril de este año, las negociaciones de El Salvador con el FMI por un crédito de USD 1.4 mil millones se estancaron, los bonos salvadoreños llegaron a categoría de basura y el plan Bitcoin de Bukele empezaba a naufragar, Wall Street levantó las alarmas y advirtió de la posibilidad de que el país cayera en default con el pago de 2023.
Pero incluso entonces dos analistas de Wall Street, con los que Infobae charló tras el estancamiento de las conversaciones con el FMI, apuntaban a que Bukele podía echar mano de malabares financieros, como los fondos del BCIE y de otras instituciones crediticias regionales o el de los pensionados salvadoreños, para ajustar el pago de 2023. Eso, parece, es lo que está haciendo ahora: recomprando deuda para generar un ahorro mínimo y solventar el compromiso inmediato.
Lemus, sin embargo, cree que el problema estructural de deuda sigue intacto. “El problema fiscal no está resuelto y la deuda sigue siendo insostenible”, apunta el economista, quien recuerda que los indicadores de El Salvador siguen siendo alarmantes: “Hay un déficit de cerca del 5% del PIB, deuda arriba del 80%, riesgo país arriba del 25%, las fuentes del mercado de deuda internacional cerradas, con tasas arriba del 25%, y un crecimiento bajo, del 2% real o menos. Además de mayor inflación y más pobreza”.
El primer golpe de realidad le llegó a Bukele el jueves 15 de septiembre, al final de la jornada en que El Salvador celebra su día de Independencia, en forma de un comunicado de la casa Fitch Ratings, que degradó al país a la categoría CC. Eso signifca que “las apretadas posiciones fiscal y de liquidez externa, así como el limitado acceso a los mercados, junto a las necesidades fiscales y el compromiso de US$800 millones… en enero de 2023, hacen que algún tipo de default sea probable”.
Aún mas: “El tamaño de la transacción (de recompra anunciada por Bukele) no altera la probabilidad del default”. En pocas palabras, Fitch opina que el más reciente acto de prestidigitación del presidente salvadoreño sigue sin alejarlo del abismo fiscal.
La salida de Bukele con la recompra de deuda llega un año después de culminado el que es, acaso, el mayor de sus fracasos, su política Bitcoin.
Entre septiembre de 2021 y finales de ese año, en medio de una gran fanfarria, un notable gasto en propaganda, gasto público de USD 150 millones para alimentar un fideicomiso que sirvió para regalar USD 30 a quienes descargaran una billetera electrónica y otros tantos cientos miles de dólares gastados en la instalación de 200 cajeros automáticos para tranzar con Bitcoin, Nayib Bukele anunció al mundo que El Salvador se convertiría en la capital de la criptoeconomía.
El mismo presidente, sus diputados y su aparato propagandístico anunciaron, entre otras cosas, que preveían que se reorientaría a esa economía cripto buena parte del flujo de más de USD 7 mil millones que los salvadoreños recibieron en 2021 como remesas provenientes del exterior, sobre todo de Estados Unidos. También dijo Bukele que El Salvador utilizaría energía volcánica para minar Bitcoin. Incluso inauguró Chivo Pets, un hospital veterinario supuestamente financiado con ganancias en Bitcoin del que poco se ha sabido tras la avalancha inicial de fotos, tuits y vídeos del edificio. Y, como joya de la corona, Bukele lanzó, con una fiesta de luces electrónicas y maquetas, Bitcoin City.
Al final es imposible, por todos los cerrojos que Bukele y sus diputados han puesto al acceso a la información pública, saber cuánto se gastó el presidente del erario en su aventura Bitcoin. Lo cierto es que las remesas siguieron fluyendo en dólares, Bitcoin City es una maqueta que existe en las cuentas de Twitter del gobierno y la intención de Bukele de solventar las deudas amparado en un criptobono se topó con el escepticismo de los mercados en Europa y Estados Unidos.
En febrero de este año, Bukele despachó al ministro Zelaya ha España y Luxemburgo, entre otros países, a intentar colocar Bonos Volcán, como bautizó a los instrumentos de deuda que se supone se financiarían con criptomoneda a través de La Geo, una de las energéticas estatales del país. Como acaba de ocurrir con el anuncio de la recompra de deuda, en lo del criptobono el gobierno tuvo que correr a corregir sus cifras. Primero, Zelaya dijo que el país estaba listo para emitir bonos por mil millones de dólares y luego que solo había demanda por USD 500 millones. Al final, el ministro anunció que la venta se posponía hasta que hubiese mejores condiciones de mercado, lo cual, hasta ahora, no ha ocurrido.
Luego vino marzo, el mes en que la ruptura del pacto de gobernabilidad del gobierno con las pandillas MS13 y Barrio 18 provocó 87 muertos en 72 horas y motivó el decretó de un régimen de excepción, que se ha prorrogado seis veces, durante el cual la policía de Bukele ha encarcelado a 52,000 personas y 76 de ellas han muerto en cárceles bajo custodia de agentes del Estado. Desde entonces, el presidente logró cambiar con éxito la conversación: de la crisis financiera y el fracaso del Bitcoin a las políticas de seguridad pública bajo el estado de excepción. Bukele ya no habla de criptomonedas.
Desde Washington, la administración Biden sigue de cerca los acontecimientos, según confirmó una funcionaria del Departamento de Estado esta semana durante una audiencia en la comisión de derechos humanos Tom Lantos de la Cámara de Representantes sobre el régimen de excepción en El Salvador. Lo que el Departamento de Estado y otras instancias como el Departamento del Tesoro recomienden a partir de esa “observación cercana” puede ser determinante en la posición que la Casa Blanca asuma respecto a las negociaciones con El Salvador en el FMI, que según un funcionario de multilaterales que conoce el portafolio salvadoreño en el Fondo, podrían retomarse en octubre durante las reuniones de otoño en la capital estadounidense.
Durante la audiencia del lunes pasado en el Congreso, que se llevó a cabo el mismo día que Bukele hizo su anuncio sobre la recompra de deuda, el congresista demócrata James McGovern, preguntó a funcionarios del Departamento de Estado sobre las herramientas con las que cuenta Washington para presionar a Bukele en temas como la gobernabilidad democrática y el respeto a los derechos humanos. En una audiencia anterior, esta en el Senado, el senador republicano Marco Rubio preguntó específicamente a William Duncan, designado como embajador de Biden ante Bukele, cómo se balanceaban herramientas como la negociación del crédito del FMI con la “hostilidad diplomática” del salvadoreño.
El Departamento de Estado no ha respondido en público, y con claridad, a la pregunta sobre la negociación en el FMI, pero al menos dos fuentes demócratas en Washington han asegurado a Infobae que hay, en la administración Biden, dos argumentos, uno que promulga por no cerrar la puerta financiera a Bukele en el Fondo para evitar una crisis económica que genere más migración y más hostilidad, y otra que pide más sanciones para el gobierno salvadoreño y sus funcionarios.
Wall Street, por ahora, parece no comprar los argumentos de San Salvador. “Esto de la recompra más parece un tema de ego, de decir que tiene suficiente plata para pagar, pero la verdad es que sigues yendo muy justo. El mercado sigue tratando de adivinar qué vas a hacer después”, dice uno de los analistas financieros consultados.
Por ahora, Nayib Bukele ha vuelto a cambiar la conversación. Dos días después del anuncio sobre la deuda, el miércoles 14, el ministro de seguridad pidió una sexta prórroga al régimen de excepción y un diputado bukelista anunció medidas represivas más severas. En esa apretada atmósfera, las dudas por las salidas financieras de El Salvador aún no se evaporan.
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