El avance de Rosario Murillo en el control del poder judicial estaría tras la purga que se ha vivido esta semana en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y que llevó a la cárcel a dos poderosos funcionarios de esa institución: el vocero, Roberto Larios Meléndez, y a la magistrada Ileana Pérez López.
Larios Meléndez fue apresado por la Policía del régimen de Daniel Ortega la tarde del viernes 14 de octubre mientras se encontraba en su vivienda familiar en la occidental localidad de El Viejo, Chinandega, y llevado a la cárcel conocida como El Chipote.
El martes, según el portal 100 por ciento Noticias, fue llevado a los juzgados de Managua, esposado y vistiendo el traje azul de los reos, donde fue acusado por la Fiscalía de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”, delito también conocido como “traición a la Patria”.
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La magistrada Ileana Pérez López, presidenta de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, fue llevada a la misma cárcel el martes y, según publicó el diario La Prensa, al día siguiente policías vestidos de civil la condujeron a sus oficinas y posteriormente a su casa. Este jueves la doctora Pérez López apareció coordinando un taller metodológico, informó un el boletín oficial del poder judicial en una nota que al día siguiente fue eliminada del sitio web.
Aunque los medios oficialistas han mantenido absoluto silencio sobre estos hechos, se sabe que las oficinas de Larios Meléndez fueron allanadas por la Policía y sus colaboradores cercanos, al igual que los de la magistrada Pérez López, llamados a declarar.
Este viernes la magistrada Ileana Pérez presentó la renuncia a su cargo de magistrada de la Corte Suprema de Justicia ante la Asamblea Nacional aduciendo “motivos de salud” que “requieren atenciones”.
Esta misma semana fueron despedidas de sus cargos la directora de relaciones internacionales de la Corte Suprema, Katia Jaentschke, y la directora de Protocolo, Ruth Tapia.
Para evitar las fugas al extranjero entre los funcionarios judiciales, todos los altos cargos han sido despojados de sus pasaportes, y solo pueden viajar con autorización de Ortega o Murillo. “Hay un clima de terror. Nadie confía en nadie”, dice una fuente del poder judicial consultada por Infobae.
“La Rosario (Murillo) está avanzando. Hasta hace poco a Daniel (Ortega) solo le quedaba el control del Ejército y la Corte Suprema, ahora ella está metiendo sus manos”, añade y aclara, sin embargo, que el avance de Murillo no significa un enfrentamiento entre ella y Ortega por el control de la Corte.
“Es una lucha de poder entre dos grupos bastantes equilibrados la que hay”, afirma la fuente. Uno de los grupos estaría encabezado por su presidenta, Alba Luz Ramos, y el otro por el vicepresidente y secretario político, Marvin Aguilar.
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Hasta antes de 2018, el secretario político de la Corte era el magistrado Rafael Solís, quien recibía órdenes directas de Daniel Ortega a través de Bayardo Arce. Tras la rebelión de abril de 2018, en enero del siguiente año, Solís renunció a su cargo y se fue al exilio y Arce fue apartado de sus funciones como enlace.
“Daniel Ortega siempre ha tratado al poder judicial como el órgano de oro y no ha entregado completamente el control del poder judicial a Rosario Murillo como sí lo ha hecho con otras instituciones”, explica Yader Morazán, abogado en el exilio, quien hasta el 2018 fue funcionario de ese poder del Estado.
“A ella no se le ha dejado controlar el poder judicial porque hay una línea fuerte de Daniel Ortega. Rafael Solís o Bayardo Arce tenían hasta poder para contradecir a Rosario Murillo”, añade.
El lugar de Solís como comisario político del sistema judicial lo asume el ahora vicepresidente de la Corte, magistrado Marvin Aguilar, y Ortega designó a unos de sus lugartenientes, Néstor Moncada Lau, como su enlace para manejar la institución
“Quien nunca tuvo un papel protagónico, Marvin Aguilar, resurge en el 2018, porque él es más kamikaze y toma la batuta con la represión institucional del poder judicial”, explica Morazán.
Roberto Larios, el poderoso vocero de la Corte Suprema, era un personaje cercano a la presidenta Alba Luz Ramos, y la magistrada Ileana Pérez hace bando con el vicepresidente Marvin Aguilar.
“No es que Murillo haya tomado partido frontalmente por uno de los bandos. Lo que pasa es que Rosario (Murillo) es más emocional y los grupos usan esas inquinas que ella tiene para golpeare unos a otros”, explica la fuente que pidió anonimato por protección. “A la Ileana Pérez la detesta, igual que a Alba Luz Ramos que no la puede ni ver y no quiere a Roberto Larios”.
De la magistrada Pérez, dice “siempre ha tenido mucho choque por su forma de ser tan grosera, tan autoritaria, y porque sentía que tenía el respaldo, sobre todo de Daniel Ortega más que de ella (Rosario Murillo)”.
Extraoficialmente se ha dicho que Larios habría caído en desgracia tras ser señalado de filtrar información.
Según Morazán, la magistrada Pérez se habría rehusado a realizar una misión política que le pidieron miembros del partido sandinista. “Unas personas llegaron a coordinar algo político, ella se negó a coordinar con esas personas esas misiones políticas que le habían asignado, y esas personas tenían un contacto directo con El Carmen y se quejaron con Rosario Murillo”.
Por su experiencia en el poder judicial, Morazán cree que la magistrada Pérez solo será puesta en un cargo menor o dejada como una figura decorativa, como ha sucedido con otros “castigados” por el régimen. “Ellos siempre han tenidos un trato diferente para su círculo cercano. Son llevados al El Chipote como advertencia, se les retienen los pasaportes y son democionados y quedan con cargos de consuelo”.
Dice que el conflicto en el poder judicial “va para más, porque se ha manoseado la estructura y la dinámica institucional, sustituyéndola por una dinámica política partidaria que obedece más a tema s de servilismo y deriva en una canibalismo. Queda el que es más adepto”.
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