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Mientras los delegados y delegadas de los cuatro barrios de la toma de Guernica, 20 de Julio, La Unión, San Martín y La Lucha, solicitan audiencia con el presidente Alberto Fernández a través de una “carta abierta” y le piden que no haya “represión” durante el desalojo ordenado por la justicia; mientras unas 600 familias ya acordaron con el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque, retirarse de manera pacifica y voluntaria del predio, a cambio de mejores condiciones para vivir y lotes con servicios dentro de seis meses; algunos grupos de izquierda y organizaciones sociales que lideran la usurpación fomentaron que anoche se sumen a la toma más personas.
El hecho obedece a varias razones. Por un lado, demostrar que todavía hay gente pese a que casi el 80% de las familias se retiró del lugar de manera voluntaria. También para que algunas de las precarias viviendas que quedaron vacías sean ocupadas por otras personas -que ahora exigen ser censadas-. En tanto, buscan desafiar los preparativos del desalojo que con unos 4.000 policías prepara el ministro de Seguridad, Sergio Berni. Pero además, apuntan a demostrarse fuertes ante la posible orden de desalojo que ya está firmada por el juzgado de garantías número 8 de Cañuelas, a cargo de Martín Miguel Rizzo y que tiene como fecha de inicio el día de hoy y de finalización el próximo 30 de octubre.
El ingreso de un número aún indeterminado de personas fue reconocido ante Infobae por uno de los delegados de la toma, por dirigentes del FOL y hasta por Eduardo Billiboni, dirigente del Polo Obrero quien sostuvo que “alguno puede ser que haya ingresado para resistir el desalojo que podía ocurrir en el día de hoy”, sin embargo aclaró que “nosotros rechazamos ese método. Aquí la lucha es política, en el sentido de una solución negociada y no militar, siempre puede haber un grupo locos que juegan a ser revolucionarios”.
“La gente que entró fue para resistir. Son compañeros de orgas”, confirman desde el grupo de abogados que representan a algunos de los imputados y que están acusados del delito de usurpación. Cuando habla de “orgas”, se refiere a las organizaciones que integran la usurpación del predio. Los letrados, que pertenecen a la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, entre los que se encuentra el ex montonero Roberto Perdía, les aconsejaron a las autoridades de plano que abultar la toma con nuevas familias es romper lo acordado con el ministerio de Desarrollo de la Comunidad.
Sucede que Larroque había comenzado un censo sobre los asentados en el Barrio Numancia, pero fue interrumpido por los partidos de izquierda, según él mismo denunció. Ahora, con el nuevo ingreso, solicitan que se continúe, pero el propio funcionario le confirmó a Infobae que eso no sucederá. “Ya tenemos registradas a las familias y vamos a seguir avanzando sobre eso e intentaremos que acuerden la mayor cantidad de personas. Vamos por buen caminó”, se entusiasmó.
¿El motivo de ellos? Esta mañana, funcionarios del gobernador Axel Kicillof, se reunieron alrededor de la denominada “mesa de diálogo” o consenso en la cual estaban representados todos los sectores en pugna. La charla, las negociaciones, se extendieron por unas dos horas. La conclusión del ministro Larroque es que “la reunión fue amena”, se avanzó en la posibilidad de reubicación de las familias que aún quedan en la toma, quedó implícito que no se agregarán al censo nuevas familias, y que los funcionarios y la policía bonaerense “son solo auxiliares de la justicia”, es decir que el único que puede imponer el día de “lanzamiento” de los usurpadores, y la manera de llevarlo a cabo, es el juez de la causa.
Larroque le explicó a este medio que se consensuó con los delegados y delegadas de la toma “un cuarto intermedio hasta el sábado 17 de octubre”; que el lunes el estado provincial elevará al juez Rizzo un informe con los avances logrado con la mayoría de las familias y que se les presentó una nueva propuesta que, entiende el funcionario “fue bien recibida”.
¿Cuáles son las nuevas alternativas propuestas por el gobierno de Kicillof? Larroque lo responde así: “Propusimos reubicar a las 150, 200 familias que quedan en tres refugios, que ya existen en Guernica, uno para las familias numerosas; otro para las familias monoparentales o las mujeres con chicos; otro para los varones adultos; y la otra posibilidad es un predio que se puede lotear en el futuro y que es chico, de dos hectáreas y media, pero que puede servir para contener a las familias durante la transición”.
Según el funcionario, los representantes de los cuatro barrios de la toma vieron aceptable la propuesta pero “pidieron si se podían conseguir algo más de espacio en función de contener mejor a las familias”.
¿La respuesta?: “Seguir trabajando en la generación de los lotes que tienen su complejidad administrativa y ponernos de acuerdo en la cantidad de familias que quedan en la toma”.
Sobre este punto Larroque fue enfático ante Infobae: “No vamos a tolerar una adulteración del número de familias establecidas en el predio. La propia abogada la toma que estuvo presente hoy -María del Rosario Fernández- se los hizo saber. Dejamos en claro que estamos trabajando dentro del período del desalojo y que nuestro rol es de auxiliar de la justicia; por eso, esta instancia de diálogo hay que comunicarla al juez Rizzo para que él defina si ordena el desalojo ya o esperará según evolucione el número de familias que acuerden”.
Por los pronto el cuarto intermedio hasta el sábado 17 de octubre hace prever que Kicillof y sus más estrechos colaboradores podrán pasar la celebración los 75 años del nacimiento del peronismo sin sobresaltos.
Algunos de los dirigentes que forman parte de la toma, no son tan optimistas como Larroque, o al menos así lo trasmiten: “El gobierno hizo una propuesta muy limitada que se considera muy insuficiente, se pasa a un cuarto intermedio hasta el sábado que hay nueva reunión. A pedido de los delegados y las organizaciones se realizará un censo entre hoy y mañana para terminar con las especulaciones acerca de la cantidad de gente que está en el predio”, le dijo a este medio Belliboni, el dirigente del Polo Obrero y una de las voces cantantes de la izquierda en la toma.
Para comprender la complejidad del problema hay que saber que la composición de la toma está muy lejos de ser homogénea. Al igual que los intereses de cada sector. Están los más duros, denominados por los funcionarios como “los troskos”. Este núcleo está compuesto por algunos partidos de izquierda y organizaciones sociales que por ahora ahora tienen “copadas” las asambleas de los cuatro barrios. Ellos no quieren irse, aseguran que resistirán el desalojo y afirman contar con apoyo externo para evitar la confrontación.
Si tienen que enfrentarse a las balas de goma lo harán. Tanto Kicillof como Berni y el propio Larroque, comprenden que este es el “negocio político” de esos dirigentes. Ni al juez de la causa, ni a los funcionarios les conviene un hecho de violencia que puede tener derivaciones impredecibles. Ahí radica la mayor dificultad para destrabar el conflicto.
Están las familias que quieren terminar de negociar con el gobierno provincial pero se sienten “presionados” por el primer grupo. Es muy probable que estos terminen dejando la toma de manera pacífica. Sobre ellos abrevan los funcionarios de Kicillof. Terminar de convencerlos, como ya hicieron con 601 familias, será un éxito político. También debilitará las posiciones extremas ya que quedarán aislados.
Están los que buscan resistir no por una cuestión de ideales políticos, sino porque fueron estafados al comprar una parcela de la toma creyendo que “había un acuerdo político” entre el municipio de Presidente Perón, y alguno de los cabecillas de la usurpación. Son los que tienen un aposición más débil y deberán buscar en la justicia una solución al problema.
Por último, quedan los que fueron a realizar un supuesto negocio inmobiliario con la toma de los terrenos. Dos de ellos ya fueron detenidos, pero detrás hay un organización delictiva que ya es investigada por la justicia penal. Las próximas horas serán claves para avizorar la resolución del conflicto que inició el 20 de julio pasado.
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