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Vicenti Impieri, presidente de la Federación de Empresarios de Combustibles (Fecra), dijo que habrá “uno o dos” aumentos adicionales de los combustibles antes de fin de año y alertó contra el proyecto del gobierno bonaerense para que la administración pública provincial, los organismos descentralizados y autárquicos y las empresas públicas contraten exclusivamente con YPF “la provisión de combustible y lubricante para la flota de automotores, embarcaciones y aeronaves oficiales”.
En declaraciones a radio Mitre, Impieri alertó que de llevarse a la práctica la iniciativa afectará seriamente a más de un millar de estaciones de servicio en la provincia. El titular de Fecra precisó que en territorio bonaerense hay 1.700 estaciones de servicio, de las cuales 1.230 no son de YPF. Limitar las compras de la flota provincial sólo a las estaciones de bandera de la petrolera de mayoría estatal no sólo atenta con la Ley de Defensa de la Competencia, señaló, sino que será “un grave perjuicio para centenares de estaciones de servicio”, que son en su mayoría empresas pyme, con bandera de otras petroleras o bandera blanca.
Entre todas, las estaciones bonaerenses explican entre 15.000 y 20.000 empleos y sostienen a sus respectivas familias, dijo Impieri, que ratificó que todas las marcas ya aumentaron sus precios en reacción al más reciente aumento (de 3,5% en promedio) de YPF.
El titular de Fecra descontó que habrá nuevos aumentos. “Tengo entendido que sí”, señaló, y habló de “uno o dos” más antes de fin de año, porque lo necesita YPF, cuya principal fuente de ingresos es la venta de combustible en las estaciones de servicio. Dijo además que las ventas en las estaciones de servicio están hoy entre 30 y 35% por debajo del nivel que tenían el mismo mes de 2019, un año fuertemente recesivo. En abril -recordó- la caída había llegado al 90% y las ventas se recuperaron muy lentamente.
En cuanto a la iniciativa del oficialismo provincial para limitar las compras de combustible del Estado sólo a estaciones de YPF, Impieri insistió en que el impacto sobre las 1.230 estaciones de servicio que no son de YPF puede ser “bastante grave”, que el proyecto “no es justo” y que “quizás hay un desconocimiento de los funcionarios o el diputado que presentó el proyecto: amén de afectar la ley de Defensa de la competencia. “Les pido a los legisladores y al gobernador que revean el proyecto; pueden hacer mucho daño”, insistió.
El proyecto fue presentado por el titular del bloque del Frente de Todos en la legislatura provincial, el legislador camporista Facundo Tignanelli, cercano a Máximo Kirchner y cuya cuenta en la red social Twitter refleja una altísima identificación con la vicepresidente Cristina Kirchner.
El proyecto de Tignanelli obliga a todos los organismos del Estado provincial y entes autárquicos a consumir únicamente combustibles y lubricantes de YPF. Los autores de la norma explicaron al portal Surtidores que se trata de “canalizar el poder de compra del Estado en beneficio de la economía de los recursos y una apuesta al crecimiento de un sector estratégico”.
Si bien la iniciativa apunta al territorio bonaerense, la preocupación de los estacioneros es que siente un precedente a nivel nacional.
Los legisladores oficialistas afirman que la iniciativa será un paso más hacia la “soberanía energética”, mientras que el Bloque de Juntos por el Cambio se opone a la iniciativa señalando que en la ley que declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% de YPF, una mitad de esa parte pasó a ser propiedad de la Nación y de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI), que Buenos aires no integra. Además de afirmar que “Buenos Aires no es propietaria de YPF”, el dictamen de minoría sobre el proyecto oficialista dice que este también viola la defensa de los intereses del Estado provincial, de contratar la mejor calidad al menor precio posible, y los procesos de contratación.
El gobernador Kicillof quiere sentarse a la mesa de las provincias petroleras con el argumento de que en Buenos Aires se procesa el 80% de los combustibles del país, por las refinadoras de Axion (Campana), YPF (Ensenada),, Trafigura (Bahía Blanca) y Raízen (Dock Sud).
Pero la discriminación contra las estaciones que no sean de YPF difícilmente caiga bien en las demás marcas del mercado. Precisamente, el martes pasado el presidente Alberto Fernández participó en un acto en Raízen, licenciataria de Shell, que anunció una inversión de USD 715 millones en su planta refinadora de Dock Sud, en Avellaneda, que crearía 4.000 puestos de trabajo. El acto marcó además la reaparición pública del gobernador Kicillof, que había estado dos semanas aislado por un “contacto estrecho” con un enfermo de COVID-19.
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