Esta semana, el Gobierno de Javier Milei enfrenta un test crucial: el Directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) se reunirá el jueves para evaluar y, presumiblemente, aprobar el Staff Report técnico cerrado en los últimos días con la Argentina. De este aval depende el desembolso inmediato de u$s2.000 millones y la redefinición de la meta de reservas del Banco Central para septiembre, fijada originalmente en u$s9.000 millones, una cifra hoy inalcanzable sin una dispensa formal del organismo.
Este nuevo entendimiento con el Fondo se produce en un contexto de creciente presión electoral: con la mira puesta en las elecciones de medio término de octubre, el oficialismo busca evitar una disparada del tipo de cambio que erosione el poder adquisitivo y desestabilice el clima político. Para ello, el equipo económico ha desplegado una batería de medidas que, si bien se alejan del dogma libertario del inicio de la gestión, apuntan a generar certidumbre cambiaria en el corto plazo.
Retenciones y pragmatismo: el “Plan 2.0”
Una de las medidas más significativas es la reciente reducción de las retenciones a las exportaciones agrícolas. Esta decisión, que podría costar hasta un punto del PBI en recaudación fiscal, tiene como objetivo incentivar la liquidación de unos u$s12.000 millones retenidos por el campo. Se trata de un guiño explícito al corazón productivo de la economía exportadora argentina y, al mismo tiempo, a un electorado clave para el oficialismo.
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