La Cámara de Diputados de San Juan debate una modificación clave a la Ley de Contrataciones del Estado (Ley 2000-A), con el objetivo de cubrir un vacío legal relacionado con los bienes de dominio privado del Estado. La iniciativa, impulsada por el diputado Juan de la Cruz Córdoba, propone agregar un inciso 10 al artículo 17, que permita definir formalmente una nueva modalidad de contratación para estos bienes.
“Hoy la ley no contempla esta situación”, explicó Córdoba. “Lo que buscamos es clarificar y dar mayor seguridad jurídica, tanto a quienes quieran contratar con el Estado como a los asesores legales y organismos de control que intervienen en el proceso.”
Hasta la sanción de la Ley 2000-A, en 2022, las contrataciones se regían bajo la antigua Ley de Contabilidad Financiera, que permitía la cesión en uso y administración de bienes estatales. Sin embargo, según Córdoba, desde la entrada en vigencia de la nueva normativa “hay un vacío legal” que genera incertidumbre.
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