El fiscal de Estado de San Juan, Sebastián Dávila, expuso en una reciente entrevista radial el grave impacto económico que las amenazas de bomba están causando en la provincia. Hasta la fecha, se han registrado 17 casos en lo que va del año, lo que representa un costo aproximado de 4 millones de pesos por cada operativo, elevando el total a cerca de 68 millones de pesos.
Dávila explicó que la intervención de la Fiscalía de Estado se realiza como parte civil para supervisar los procedimientos y solicitar informes pertinentes. “Nos constituimos como parte para controlar el proceso según las particularidades de cada caso, ya sea un menor o un adulto”, destacó el funcionario. En situaciones que involucran a menores, también se solicita la colaboración de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia.
El fiscal lamentó la dificultad de prevenir este tipo de incidentes y la carga económica que representan. “Es muy desafortunado que se siga utilizando esta metodología de llamados, especialmente cuando el Estado está esforzándose para evitarlo”, agregó. También mencionó los gastos vinculados a la evacuación de edificios, lo que impide a los docentes cumplir con sus actividades.
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