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Hace exactamente un año Chile se convertía en el centro de atención de todo el mundo. Resulta que el país latinoamericano, que aparentaba ser el más próspero, estable y con el mayor crecimiento de la región, de un día a otro se vio inmerso en un estallido social. A pesar de los intentos del gobierno de Sebastián Piñera por contenerlo, el pueblo alzaba una voz clara y fuerte en busca de respuestas a sus demandas históricas: la reforma integral del sistema, cuyo núcleo es la Constitución Nacional heredada de la dictadura de Pinochet, una Constitución que representa un sistema económico, político y social que fomenta grandes desigualdades entre una pequeña minoría y el resto de la población.
Este 25 de octubre, luego de la suspensión del 26 de abril por la crisis desenlazada por el COVID-19, Chile podrá dar ese paso histórico en el primer plebiscito constitucional desde el retorno de la democracia en 1989. Los ciudadanos decidirán si quieren o no realizar un proceso para elaborar una nueva Constitución y, en caso afirmativo, cuál debería ser el órgano que la redacte: si una Convención Constitucional, integrada por ciudadanos electos; o una Convención Mixta, integrada en un 50 por ciento por parlamentarios designados por el Congreso.
Sumado a ello, el Estado tiene el principal desafío de repensar este proceso electoral en el marco de las medidas impuestas por la pandemia al mismo tiempo de velar por la transparencia, seguridad y participación ciudadana.
Entre la emergencia y los protocolos sanitarios
Según datos de la Organización Mundial de la Salud, Chile se encuentra entre los países con la mayor tasa de contagio, y se ubica en el puesto número seis si miramos nuestra región.
Si bien la curva de contagios está descendiendo, los datos recientes del Gobierno muestran que desde que se inició la pandemia Chile registra 493.305 infectados y más de 13.676 personas fallecidas, con aproximadamente un promedio diario estabilizado en 1.500 casos. Un gran porcentaje de contagios se concentra en el Área Metropolitana. En virtud de garantizar el derecho al voto y preservar a la vez el derecho a la salud en todo el país, el Servicio Electoral del país (Servel) junto con el Ministerio de Salud, elaboraron un Protocolo Sanitario detallando las medidas adoptadas para evitar el riesgo de contagio de COVID-19 durante todas las etapas del proceso electoral.
Inicio de campaña y opinión social
La legislación del país establece que 60 días antes de una elección se puede iniciar el periodo de campaña, que dura hasta tres días antes de los comicios. De este modo, el 26 de agosto se inició el periodo oficial de campaña del “Apruebo” y “Rechazo”.
Este período cobra vital importancia para fortalecer el debate público de este hecho histórico y fomentar el voto informado de toda la ciudadanía; y en una situación como la actual la responsabilidad de cuidado sanitario también debe involucrar la campaña.
Los sondeos muestran un mensaje claro y contundente: se aprueba la redacción de una nueva Constitución, la mayoría tiene la intención de votar, y la nueva Carta Magna vendría a traer buenos aires al país.
Según distintas encuestas, más del 70% de la ciudadanía votaría por la opción “Apruebo”. La ex presidenta y actual mandataria del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet hizo público su apoyo. En cuanto al interés de votar, más del 50% no sólo está interesado, sino que lo hará definitivamente.
A ello hay que sumarle que, según una encuesta realizada por consultora Activa Research, el 43,5% de los encuestados consideró alto o muy alto el riesgo de contraer coronavirus por acudir a ejercer su derecho. Esto no hace más que reforzar la importancia de la creación y comunicación de protocolos sanitarios que brinden seguridad y fomenten la participación electoral.
El estallido social mostró que la amplia mayoría tomó ya la decisión, pero el cambio primordial no está en la decisión de ir a votar, sino en la seguridad de poder hacerlo en el contexto actual. Por primera vez en la historia de Chile se podrá dar un proceso inclusivo, participativo y paritario para elegir una Constitución. Hoy es esa participación la única que le podrá devolver la vitalidad a una democracia con graves problemas de representación y legitimidad.
Dolores Gandulfo es directora ejecutiva de Política Institucional de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y titular del Observatorio Electoral de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL)
Rocío Garre Travadelo es licenciada en Relaciones Internacionales de USAL e investigadora del Observatorio Electoral COPPPAL.
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