Allí donde se presenta en el marco de la campaña electoral, pero sobre todo cuando su auditorio está conformado mayoritariamente por empresarios, Javier Milei pide el voto para La Libertad Avanza (LLA) con el objetivo de “continuar con las reformas” iniciadas en los primeros días gestión. Todas ellas enmarcadas por el ajuste de las cuestas públicas y la motosierra.
Con la elección del 26 de octubre, el Presidente pretende conformar un bloque legislativo de al menos un tercio de las cámaras, a fin de garantizar que desde diciembre el Congreso quede neutralizado para rechazar sus vetos y sus megadecretos de necesidad y urgencia con los que quiere gobernar durante los siguientes dos años.
Las reformas libertarias, en concreto, dependerán de ello, especialmente de la emisión de DNU que permitirán a la gestión avanzar en dos frentes complementarios: la reforma tributaria y, muy especialmente, la reforma laboral, con cuya “necesidad” coinciden empresarios, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y hasta el Tesoro de los Estados Unidos.
Más allá de los matices, una ley o un decreto para llevar adelante la flexibilización laboral tan ansiada, une a un amplio arco político y económico de nuestro país; por ejemplo, los industriales, víctimas sistemáticas de las políticas implementadas por la administración libertaria (brutal caída del consumo, importaciones indiscriminadas, etc.).
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