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El principio jurídico de presunción de inocencia consiste en asumir que todo individuo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. En México, demostrarlo es tan fácil como fabricar un culpable.
La vida no se detuvo mientras Francisco Soto, un subteniente del Ejército Mexicano en el 69 Batallón de Infantería, en Saltillo, Coahuila, estuvo en arraigo. Sólo él quedó en una tortuosa y prolongada pausa. Para las autoridades mexicanas, Soto y ocho de sus compañeros eran culpables de colaborar con el grupo criminal Los Zetas.
El viernes 18 de marzo de 2011, seis días después de la detención de Soto, su esposa Tania salió de la Fiscalía de Delincuencia Organizada en la Ciudad de México rumbo a Saltillo, donde se encontraba su hija con sus padres.
Tanya viajó en autobús durante horas para recoger a su hija, empacar sus cosas y mudarse a la capital mexicana. Hasta hace unos días, la mujer, su primogénita y Soto tenían una vida tranquila.
Tanya llegó hasta la Unidad Habitacional Militar, donde vivía con su familia.
La versión del “Gerry” es aún más contundente. En su declaración, el criminal inculpa a Soto argumentando que Soto era uno de los enlaces con Los Zetas. Luego, ante un juez militar, el “Gerry” negó la acusación y dijo que los agentes de la SEIDO le obligaron a incriminar al teniente.
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