Los ciudadanos argentinos de entre 18 y 70 años que no ejerzan su derecho al voto durante las elecciones enfrentarán consecuencias que incluyen sanciones económicas y restricciones administrativas.
Quienes no sufraguen recibirán multas que oscilan entre $1.000 y $2.000, siendo este último monto aplicable a aquellos que registren faltas reiteradas al deber cívico.
Las implicancias por no votar van más allá de lo económico: los infractores quedarán inhabilitados para realizar trámites en organismos públicos nacionales, provinciales o municipales, como la obtención de pasaporte o renovación del DNI, durante un período mínimo de un año.
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