Así operan en Colombia al menos cuatro carteles mexicanos, los mayores compradores de cocaína del país

Según ratifica Rafael Guarín, consejero presidencial para la seguridad nacional, Colombia es uno de los mayores productores de la coca que se consume en Estados Unidos y Europa. Además explicó cómo funciona el esquema del negocio. El Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las FARC-EP y las bandas criminales son los responsables directos e indirectos de la siembra y producción de la droga y los carteles mexicanos se encargan de la compra, tráfico y venta en Estados Unidos, aseguró el funcionario a Noticias RCN.

En enero de este año fue capturado alias ‘Tánatos’, Hugo Chávez Verdugo, presunto socio del Cartel de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Lideraba la organización criminal Ícaro que, de acuerdo con los órganos de investigación, comercializaba 20 toneladas de coca anualmente en camiones tipo caleta y lanchas Go-Fast. La ruta pasaba primero por Guatemala y México, hasta llegar a Estados Unidos. ‘Tánatos’ era el principal socio de estos carteles para el transporte de estupefacientes.

Envían emisarios, negociadores e “individuos que verifican la calidad de los estupefacientes que salen por Venezuela o que salen del Pacífico o el norte de Ecuador hacia Centro América y el mercado de los Estados Unidos”, explicó Guarín.

Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en 2019 Colombia cultivó 154.000 hectáreas de coca con una capacidad para producir 1.137 toneladas métricas anuales. Además, según el último informe presentado el 20 de octubre, hasta el mes de agosto se han vinculado 99.097 familias al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), de los cuales 67.340 son cultivadores, 14.900 campesinos no cultivadores, pero habitan en zonas afectadas por el narcotráfico y 16.857 son recolectores de hoja de coca. Las familias están ubicadas en 56 municipios de 14 departamentos y representan el 65% de los cultivos ilícitos en el país.

Por ello, el presidente Iván Duque estableció una meta para erradicar 130.000 hectáreas de hoja de coca este año. También, se puso sobre la mesa la posibilidad de restablecer las fumigaciones con glifosato, suspendidas en 2015.

Guarín aseguró que el Cartel de Sinaloa es el más activo en Colombia dados sus vínculos con el ELN, las disidencias de las FARC-EP y el Clan del Golfo. El Cartel de los Zetas mantiene estrechas relaciones con Los Pelusos, grupo criminal que controla el narcotráfico en zona fronteriza con Venezuela. El Cartel Jalisco Nueva Generación se relaciona con el grupo La Local, en Buenaventura. El grupo ilegal La Constru, en Putumayo, frontera con Ecuador, trafica con el Cartel Beltrán Vega y el Cartel de Sinaloa. Estos carteles, demás, financian la siembra de la hoja de coca e incluso coordinan los envíos al exterior.

Solo quien tenga control sobre las áreas de cultivo y los laboratorios y logra cumplir con la demanda es quien puede asegurar el enlace con los mexicanos, concluyó el funcionario.

Glifosato: costos sociales y económicos

La presión que ha ejercido el gobierno de los Estados Unidos sobre Colombia para la erradicación de cultivos de hoja de coca ha llevado al presidente Iván Duque a replantear el posible reinicio de las fumigaciones con glifosato.

Si bien la discusión se encuentra suspendida porque, según la investigación realizada por el medio digital Razón Pública, el gobierno debe modificar el Plan de Manejo Ambiental (PMA) y adelantar diálogos con los pobladores de las zonas afectadas, estas comunidades no han tenido presencia en las audiencias virtuales.

De la mano con Elementa, organización colombo-mexicana para la defensa de los Derechos Humanos, se presentaron los principales problemas y falencias del uso de este químico. Según la Dirección para la Sustitución de Cultivos Ilícitos, cada hectárea fumigada costó 72 millones de pesos. En total, se invirtieron 79,9 billones de pesos entre 2005 y 2014. Si se opta por la sustitución, la inversión sería de 40 millones por familia y un total de 2,9 billones de pesos, representando una reducción de más del 95%.

Otra preocupación es la afectación directa a la salud de los campesinos cultivadores. En 2015, fue catalogado como una sustancia probablemente cancerígena por el Centro Internacional de Investigaciones sobre Cáncer (IARC por sus siglas en inglés). Además, según el Grupo de Epidemiología y Salud Poblacional de la Escuela de Salud Pública de la Universidad del Valle, el uso de glifosato está involucrado en abortos involuntarios.

Además, este químico causa enfermedades y la muerte de las abejas, animales esenciales para la polinización y equilibro del medio ambiente; afecta las fuentes hídricas, contamina los cultivos lícitos y atenta contra las tradiciones de las comunidades.