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Pasan las horas y la tensión aumenta. Hay una cuenta regresiva en marcha para desalojar el predio de una comunidad eclesiástica en Villa Mascardi, cerca de Bariloche, que fue usurpada por mapuches. Los artilugios legales dilatan la medida, pero su ejecución es inminente. Además, tras el fallo comenzó a circular por redes sociales distintos mensajes violentos hacia la fiscal a cargo de la causa, Betiana Cendón.
Los usurpadores se defienden con amenazas: “Mientras sigan con sus campañas antimapuches, la guerra va a empeorar y esta vez puede correr sangre de ambos lados”.
El juez de garantías Martín Arroyo ordenó la restitución del espacio que pertenece al Obispado de San Isidro, que hoy está bajo el poder del grupo identificado como Winkul Lafken Mapu.
El predio de recreación de la entidad religiosa fue blanco del avance de los mapuches, quienes a pesar de esa autoproclamación no están reconocidos por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), organismo que – de igual forma- brinda apoyo logístico a las familias que están en el lugar.
Incluso la fiscal Cendón mencionó la situación irregular del grupo ante el INAI, en la última audiencia que se celebró en relación al caso, donde mencionó que “no hay ningún legajo de recuperación de territorio iniciado por la comunidad Lafken Winkul Mapu ante el organismo nacional”. El Obispado de San Isidro presentó la escritura correspondiente que demuestra que el predio fue adquirido el 22 de julio de 1986 a la Administración de Parques Nacionales.
Luego, comenzaron a circular distintos mensajes violentes hacía a Cendón en redes sociales.“Beatiana Cendón antiderechos, que criminaliza la pobreza y encubre machos violentos, hoy autoriza desalojo de comunidad mapuche. Esta fiscal quiere concursar para perpetuarse en el poder. Evitemoslo!”. “Fuera Cendón de nuestros cuerpos y territorios”, indica el texto que lleva una fotografía de la funcionaria.
Por su parte, la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina que representa a la lof también se explayó respecto de la fiscal, la abogada, la Iglesia y la provincia.
“El Obispado de San Isidro fue beneficiado por la Campaña de Roca primero y luego, por las nuevas instituciones del Estado Argentino que repartieron las tierras mapuche a los oligarcas y a la Iglesia. Así, este Obispado de la muy rica zona norte de Buenos Aires se hizo de tierras mapuche en la zona del lago Mascardi”, indican en un comunicado.
“(Los términos de la acusación), obviamente acordados con los racistas y supremasistas blancos de Bariloche y con sus jefes, la gobernadora Carreras y su banda, es lo que explica la resolución de jueces y fiscales de Bariloche de producir la audiencia de cargos y de inmediato ordenar el desalojo”, concluyó la misiva.
El campamento de recreación de la comunidad eclesiástica no fue el objetivo principal en la “recuperación territorial” que impulsó el grupo liderado por la machi de 19 años Betiana Colhuan, sino que fue un avance posterior.
Es que en noviembre de 2017 el grupo usurpó y ocupó un lote de seis hectáreas que pertenece a Parques Nacionales. Desde allí avanzaron hacia terrenos linderos – la mayoría de privados- y uno de los propietarios afectados fue el obispado.
Pero días después de instalarse en Villa Mascardi, el grupo dañó una línea de media tensión de energía eléctrica y dejó sin servicio a toda la zona, lo que motivó una denuncia penal que también tramita la justicia ordinaria. Al día siguiente, el 15 de noviembre de 2017, atacaron con piedras un autobomba del cuartel de bomberos Centro, que acudió a un siniestro que el mismo grupo de mapuches ocasionó en el lugar.
Además, hubo denuncias por robo, daños y agresiones. En total hay cerca de un centenar de presentaciones radicadas por diversos actores que señalan a la agrupación como responsable de su autoría.
Dos días después del inicio de la cuarentena obligatoria en la Argentina, en marzo, el representante legal del obispado en Bariloche radicó una denuncia penal por robo y destrucción de sus cabañas y acusó a los integrantes de la comunidad debido a que ellos mismos violentaron una puerta y se identificaron ante un cuidador como mapuches.
En la presentación, mencionaron la sustracción de heladeras, más de 30 colchones, 160 juegos de sábanas, unos 200 platos y juegos de vajilla completos y ollas, entre otros elementos.
Un ataque similar fue denunciado el primer día hábil de abril cuando los “reos obligaron al cuidador a retirarse del lugar, debido a los constantes ataques y hostigamiento por parte de la comunidad Lafken Winkul Mapu”.
Una orden de desalojo dispuesta por el Juzgado Federal de Bariloche, a cargo interinamente de Gustavo Villanueva, desencadenó en un enfrentamiento entre integrantes de la comunidad y miembros de la fuerza especial Albatros de la Prefectura Naval Argentina, en el que resultó muerto de un disparo Rafahuel Nahuel, relacionado con el grupo asentado en el territorio.
El hecho de sangre provocó una bisagra en el caso, aunque la violencia por parte del grupo no mermó.
Móviles policiales, máquinas viales, fiscales de la justicia ordinaria y del ámbito federal, pasajeros que iban en transportes de larga distancia, vecinos comunes e incluso los vecinos de la toma fueron víctimas del violento accionar de la “banda”, tal como fueron calificados en distintas presentaciones judiciales.
El listado de denuncias que se presentaron incluyó una presentación que realizó la titular de otra comunidad mapuche, la Wiritray – que sí está reconocida por ante el INAI-, debido al avance de los “violentos” hacia su territorio.
No conformes con la usurpación de las seis hectáreas de Parques Nacionales, los “mapuches” tomaron un hotel perteneciente a Parques Nacionales y el territorio del obispado de San Isidro denominado Hueche Ruca. Pero además provocaron daños en los complejos Ruca Laufken, La Cristalina, Los Radales, UPS Gas del Estado y en espacios públicos que fueron denunciados por la Comisión de Fomento de Villa Mascardi.
Fuentes de la causa indicaron que el desalojo del predio que pertenece al obispado “es inminente, más allá de las estrategias de la defensa para que no se concrete”.
La ejecución de la disposición judicial estará a cargo de la Policía de Río Negro, por tratarse de una propiedad privada, aunque Gendarmería Nacional debería continuar custodiando la traza de la ruta nacional 40, donde tiene jurisdicción exclusiva.
A pesar de que a mediados de la semana pasada se incrementó la presencia de gendarmes en el lugar de conflicto, a partir de la orden de desalojo dispuesta por el juez Martín la fuerza federal alejó a sus hombres de la zona.
Fuentes de la repartición indicaron que “sólo hubo un cambio de estrategia, aunque el lugar está cubierto por nuestros hombres”.
No obstante, los vecinos de Villa Mascardi denunciaron que incluso se retiró una casilla de Gendarmería que estaba ubicada a unos 10 kilómetros del predio que debe ser desalojado.
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