La Asociación de Viñateros Independientes de San Juan encendió todas las alertas tras la nueva normativa nacional que desregula puntos centrales de la actividad vitivinícola. Según advirtieron, los cambios impulsados por el Gobierno ponen en jaque no solo la calidad y trazabilidad del vino argentino, sino también la ya golpeada economía del productor sanjuanino.
El comunicado difundido este jueves plantea un rechazo contundente. La eliminación de herramientas históricas, como la liberación con fecha, el grado alcohólico zonal, el CIU, los controles varietales y de inventario, los partes de cosecha y la fiscalización del proceso de elaboración, deja al sector “en una situación inédita de desprotección”. Para los viñateros, sin esos parámetros mínimos se abre la puerta a prácticas que degradan el producto y destruyen la credibilidad construida durante décadas.
A ese escenario se suma otro factor crítico: la sobreoferta. Con vino viejo suficiente para diez meses de despacho y un remanente de mosto que ronda las 30.000 a 40.000 toneladas, la decisión de autorizar la liberación de vinos nuevos antes de que termine la cosecha profundiza el descalce entre oferta y demanda. El resultado inmediato, advierten, es una presión a la baja en los precios de la uva y del vino.
Los números actuales preocupan y mucho. Quienes hoy intentan vender mosto o vino blanco escurrido reciben apenas $270 por litro, muchas veces en cuotas, cifra que equivale a un pago de entre $135 y $140 por kilo de uva. Es decir, un 30% menos que hace dos años, en un contexto donde la inflación superó ampliamente el 100%. “Esta ecuación es insostenible para cualquier productor”, remarcan desde la entidad.
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