La Justicia provincial nuevamente está en el centro de atención tras la detención de Diego Ruarte, exempleado del Poder Judicial, quien enfrenta tres meses de prisión preventiva mientras avanza una investigación por filtración de datos confidenciales a una banda criminal en San Martín.
La medida fue tomada por la jueza Flavia Allende, a pedido de la fiscal de la UFI Genérica, Daniela Pringles, quien lidera la pesquisa. Según la fiscalía, Ruarte habría accedido a información sensible durante su paso por las áreas de Delitos Contra la Propiedad y la Unidad de Abordaje Territorial, incluyendo direcciones de allanamientos, pedidos de captura y detalles de causas, que entregó a cambio de dinero a Franco Ariel “El Chorico” González, integrante de “La Banda del Pueblo Viejo”.
El caso cobró impulso cuando González, detenido, intentó arrojar su teléfono a un canal; el dispositivo fue recuperado y en él se encontró un chat continuo entre él y Ruarte desde agosto hasta el 19 de septiembre, período en que Ruarte aún trabajaba en Delitos Contra la Propiedad. La fiscalía sostiene que esta comunicación explica cómo González evitó procedimientos policiales y allanamientos.
En la audiencia, Pringles afirmó que Ruarte intentó contactar a su equipo para ofrecer información y destacó que había borrado WhatsApp antes de entregar su celular. Ruarte decidió no declarar. Además, dos policías fueron involucrados y se les secuestraron teléfonos para esclarecer su posible participación; ambos fueron apartados de sus funciones durante el peritaje.
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