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La Justicia provincial cerró este miércoles un capítulo clave en una investigación que desde hace meses inquieta a las fuerzas de seguridad de San Juan. Diego Ruarte, un exbrigadista policial que pasó por oficinas donde se manejan datos delicados, aceptó su responsabilidad en un juicio abreviado y quedó condenado por violar deberes propios de su cargo.
El exagente, que años atrás trabajó tanto en la UFI orientada a delitos patrimoniales como en la Unidad de Abordaje Territorial, reconoció que utilizó información interna para favorecer a un miembro de la barra de San Martín, identificado como Franco Ariel González, más conocido en el ambiente como “El Chorico”. Por esta conducta recibió una pena de seis meses en suspenso, decisión que lo deja en libertad porque nunca había sido condenado.
Aunque la sentencia cayó solo sobre Ruarte, la pesquisa no se detuvo ahí: dos efectivos continúan bajo la lupa por presunta colaboración en las maniobras.
La reconstrucción del Ministerio Público detalla que los datos filtrados incluían direcciones para allanamientos, movimientos de causas y hasta pedidos de captura. Ese acceso privilegiado, según la acusación, fue usado por González para anticiparse a procedimientos judiciales. La maniobra quedó al descubierto casi por casualidad: cuando el barra fue detenido, intentó arrojar su celular a un canal para deshacerse de él. El cauce estaba seco, el teléfono fue recuperado y su contenido resultó demoledor. Los investigadores hallaron numerosas comunicaciones intercambiadas con Ruarte entre agosto y el 19 de septiembre, cuando el policía aún estaba activo en Delitos contra la Propiedad.
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