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Lo que debía ser el comienzo formal del debate oral terminó derivando en una escena inesperada que alteró por completo el rumbo de la audiencia. Oscar Adárvez, reconocido abogado penalista y también imputado en la causa, sorprendió a todos cuando pidió que se lo sometiera a una evaluación integral para determinar si está en condiciones de enfrentar el proceso.
Apenas se habían dado los primeros pasos del juicio cuando el propio Adárvez, quien ejerce su propia defensa, planteó que se debía determinar su capacidad psíquica antes de continuar. La propuesta tomó por sorpresa a las partes presentes, aunque la normativa vigente contempla esta posibilidad. El fiscal Fernando Bonomo no presentó objeciones y el juez Ricardo Grossi autorizó la medida.
La junta estará integrada por un psicólogo, un psiquiatra y una trabajadora social, quienes deberán analizar el estado actual del letrado y elevar un informe para establecer si puede o no ser sometido a juicio. La situación es poco habitual, ya que fue el propio acusado quien argumentó no encontrarse en pleno dominio de sus facultades.
Adárvez tiene 81 años y enfrenta una imputación por portar un arma de fuego sin la documentación correspondiente. La evidencia reunida incluye imágenes captadas por el sistema de monitoreo CISEM que lo muestran con un revólver calibre 38 en la mano, durante un episodio ocurrido en abril de 2025.
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