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En medio de una extensa sesión, el Senado le dio este jueves por la noche media sanción al proyecto de ley de Etiquetado de Alimento, que ahora deberá ser tratado en la Cámara de Diputados. La iniciativa fue aprobada en el recinto por amplia mayoría, con 64 votos a favor, tres en contra y ninguna abstención.
El debate en torno a este texto, que contó con el apoyo tanto del oficialismo como de la oposición, comenzó poco después de las 20:00, en el marco de una jornada en la que se trataron varios temas y que continuará durante el viernes.
Tras poco más de tres horas de discusión, los legisladores aprobaron este proyecto que busca garantizar el derecho a la salud y a una alimentación adecuada a través de la promoción de un consumo saludable, brindando información nutricional simple y comprensible.
Puntualmente, la norma plantea la colocación de una serie de sellos frontales, que serían octógonos de color negro, en los envases de aquellos alimentos y bebidas con altos contenidos de sodio, azúcares, grasas saturadas, grasas totales y calorías.
El presidente de la Comisión de Salud, el radical jujeño Mario Fiad, sostuvo que esta idea “constituye una herramienta fundamental dentro de las políticas públicas” para “prevenir enfermedades crónicas relacionadas con la dieta y asegurar el derecho a la información de los consumidores”.
En contra de esta iniciativa se expresaron las senadoras tucumanas Silvia Elías de Pérez, del radicalismo; y Beatriz Mirkin, del Frente de Todos; y la riojana del interbloque Parlamentario Federal, Clara Vega, por considerar que la ley afectará al sector azucarero de su provincia.
Por el contrario, una de las autoras del texto, la mendocina Anabel Fernández Sagasti, se mostró “convencida de que mejorar la calidad de información de los alimentos que consumimos es una demanda social”.
“Esta ley no es contra nadie. Es a favor de todos los argentinos que tenemos el derecho de saber qué comemos y qué queremos que coman nuestros hijos”, afirmó la legisladora oficialista.
A su turno, la representante neuquina del Frente de Todos, Silvia Sapag, mencionó que “una persona, para tomar la determinación de llevarse un comestible, demora seis segundos”, por lo que consideró importante que “el sello de advertencia sea grande” para “diferenciarse del colorido del empaque”.
En tanto, la macrista bonaerense Gladys González indicó que la iniciativa “trata de la posibilidad de reconvertir la industria de los alimentos y no destruirla” porque “los consumidores tienen derecho de acceder a información clara acerca de lo que comen”.
Si el proyecto es aprobado en Diputados, los valores máximos de azúcares, grasas saturadas, grasas totales y sodio establecidos deberán cumplir con los límites del Perfil de Nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud.
Además, en el caso de los productos con edulcorantes, tendrán que contener una leyenda precautoria, inmediatamente por debajo de los sellos de advertencia, que indique que el mismo “no es recomendable en niños/as”.
Asimismo, se obligaría a las empresas a declarar el contenido cuantitativo de azúcares, entendiéndose como hidratos de carbono simples (disacáridos y monosacáridos), en el rotulado nutricional de los alimentos envasados para consumo humano. Sin embargo, en el proyecto se exceptúa de la colocación de sello en la cara principal al azúcar común, sal de mesa, aceites vegetales y frutos secos.
Según la iniciativa, los alimentos que contengan alguno de estos sellos de advertencia, no podrán incorporar adicionalmente información nutricional complementaria; logos o frases con el aval de sociedades científicas o asociaciones civiles; o personajes infantiles, animaciones, celebridades, deportistas, entre otros.
Durante este jueves, el Senado ya convirtió en ley la declaración de interés público a la investigación, desarrollo, fabricación y adquisición de las vacunas destinados a generar inmunidad contra el nuevo coronavirus.
La ley facultó al Gobierno a incluir en los contratos para la compra de estas dosis cláusulas de prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales arbitrales y judiciales extranjeros pero en ningún caso podrá extenderse o comprender a terceros residentes en Argentina.
A lo largo de la jornada, el recinto también aprobó con 65 votos a favor la designación de Roberto Carlés como embajador argentino en Italia, como había propuesto el Poder Ejecutivo.
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