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El megaproyecto Vicuña unió dos yacimientos en la provincia de San Juan: Josemaría y Filo del Sol. La principal carta de triunfo que Lundin utilizó para atraer a la australiana BHP fue que Josemaría ya cuenta con una DIA aprobada para la construcción. El problema radica en que Filo del Sol, la otra mitad de este gigante de cobre, oro y plata, no posee esta aprobación.
La integración de ambos proyectos exige modificaciones sustanciales en la planificación original, incluyendo un depósito de colas mucho más grande y profundos ajustes en la infraestructura y si se quiere un reacomodamiento logístico que no tienen precedentes en la provincia.
Esto ha desatado un fuerte debate técnico y social: ¿se debe realizar una evaluación de impacto ambiental –DIA- completamente nueva para ambos proyectos, o basta con modificar o ampliar la existente que es de Josemaría?
Si bien San Juan tiene una licencia social interesante en la minería como actividad y factor de desarrollo, este tipo de cosas que hacen dudar a la población y a las instituciones sobre la claridad de lo que se hará, lleva a que la gente común comience a mirar de reojo lo que puede ocurrir en sus lugares y principalmente en las zonas de influencia de los proyectos.
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