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A partir de abril, el Gobierno nacional aplicará un recorte drástico sobre el sistema de contención social de la Argentina. Con la eliminación definitiva del programa “Volver al Trabajo”, cerca de 900 mil personas dejarán de percibir el ingreso mensual de $78.000, para pasar a un sistema de “vouchers de capacitación”. Bajo el discurso oficial de eliminar la intermediación y fomentar el empleo genuino, la medida esconde una realidad mucho más cruda: se trata de un ajuste que golpeará directamente a los sectores más vulnerables en un contexto de recesión y debilidad del mercado laboral formal.
El “ahorro” que asfixia
Para el Ministerio de Capital Humano, esta reconversión implica un ahorro fiscal cercano a los $60.000 millones mensuales. Sin embargo, analistas económicos advierten que el plan de $78.000 funcionaba en la práctica como una especie de “seguro de desempleo” para miles de familias. Quitar esta red de contención en un momento donde la actividad económica atraviesa fuertes tensiones y el poder adquisitivo de otras ayudas (como la AUH y la Tarjeta Alimentar) se deteriora por la inflación, amenaza con amplificar el impacto social de la crisis.
El propio oficialismo reconoce que muchos de los actuales beneficiarios no accederán a la capacitación porque ya se encuentran trabajando en la informalidad para poder subsistir, ya que el monto actual no alcanza para vivir. Al forzarlos a elegir entre la urgencia de salir a “changuear” o asistir a un curso, el Estado los empuja silenciosamente fuera del sistema de asistencia.
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