Un proyecto de ley ingresó esta semana a la Legislatura de Mendoza con una idea bien concreta: que funcionarios públicos, sus familiares y hasta sus socios comerciales no puedan acceder a viviendas del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). La iniciativa fue presentada por el senador del PJ, Mauricio Sat, quien sostuvo que la movida busca frenar abusos de poder, reforzar la transparencia y asegurar que las casas estatales vayan “exclusivamente a quienes más las necesitan”, en un escenario donde la demanda aprieta y el crédito hipotecario está cada vez más lejos para mucha gente.
El texto es claro: ningún funcionario de los tres poderes del Estado provincial ni del ámbito municipal podrá ser adjudicatario de una vivienda del IPV. Y no queda ahí nomás: la prohibición también alcanza a familiares directos y a personas con vínculos comerciales, una forma de cerrar cualquier atajo por la ventana.
Además, la restricción se mantendría hasta dos años después de dejar el cargo, con el objetivo de evitar jugadas posteriores. Hoy, la normativa vigente no contempla incompatibilidades para funcionarios, algo que —según el autor del proyecto— puede generar conflictos de interés y afectar el principio de igualdad.
Otro punto fuerte de la propuesta es la creación de un registro público digital de adjudicatarios, que deberá actualizarse periódicamente para que haya control ciudadano y más transparencia en la entrega de viviendas. Y para dejarlo bien en claro, el proyecto advierte que cualquier adjudicación que viole estas reglas será considerada nula y podría derivar en sanciones administrativas, civiles o penales.