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En la última sesión del 2020 Máximo Kirchner le dijo a Sergio Massa que este año, el segundo del Frente de Todos en el Gobierno y con elecciones de medio término, el Congreso debía avanzar con leyes que apunten al fantasma de la inflación, a aliviar la cadena de los formadores de precios y a cuidar los castigados bolsillos de los ciudadanos argentinos. Los dos coinciden en esa visión.
El diálogo lo oyeron algunos diputados del oficialismo que temen que no haya post pandemia y que la segunda ola de coronavirus obligue a redoblar esfuerzos. En ese marco, el Frente de Todos intentará sesionar el miércoles 27 o el jueves 28 con un paquete de leyes de fuerte contenido simbólico como el Monotributo y el plan de estímulo a la construcción.
La llave para poder sesionar se la dio al Frente de todos el trío que integran Graciela Camaño, Jorge Sarghini y Alejando ‘Topo’ Rodríguez, el lavagnismo en el Congreso. La firma del ‘Topo’, ex funcionario en Buenos Aires y en La Matanza antes de mudarse a Consenso Federal, permitió a Massa destrabar el protocolo de funcionamiento en la modalidad remota pero con mayoría presencial. Así quedó prorrogado hasta el 12 de febrero con la condición de que sólo se conecten vía internet quienes certifiquen su imposibilidad de viajar o integren grupos de riesgo. Juntos por el Cambio exige garantías por escrito de que no se debatirá ni la reforma judicial ni los cambios al Ministerio Público Fiscal, dos medias sanciones que llegaron desde el Senado y que Alberto Fernández incluyó en el decreto de convocatoria a Extraordinarias. Recién definirán su estrategia cuando desde la Presidencia de Diputados salga la convocatoria a sesión.
La primera señal la dio Massa, de estricto traje y corbata, con la foto difundida por el entrerriano Marcelo Casaretto, también formalmente vestido para una tarde calurosa en el Congreso. “Nos reunimos con el Presidente de la Cámara para coordinar el trabajo en extraordinarias. La semana que viene trabajaremos en Comisiones, y Sesión. Monotributo, biocombustibles, deuda, construcción, ciencia y técnica, entre otros”, puso sobre aviso el diputado paranaense al resto de los legisladores.
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El tuit no fue un error: el diputado incluyó la ley de Biocombustibles que fue votada por unanimidad en el Senado en octubre y que extiende beneficios para el sector. Hay fuerte lobby a favor y en contra de la ley. Varios diputados esperan que el Presidente amplíe el temario, incluyendo esta media sanción, con un nuevo decreto. La misma expectativa genera el tratamiento de los proyectos de ley para la suspensión de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias. En ambos casos Consenso Federal acompañaría aunque exigen a cambio la instrumentación de la boleta única en papel.
El futuro de las PASO volvió a ser tema ayer: los gobernadores del norte con los que se reunió el Presidente en Chilecito, La Rioja, insistieron en la inconveniencia de hacer primarias este año en el contexto de pandemia. Incluso Gustavo Sáez, de Salta, ya se desmarcó y además de que desdobló convocando a comicios para el 4 de julio la Legislatura provincial clausuró las internas abiertas para este año. Varios de sus colegas amenazan con desdoblar. “Veremos”, respondió un diputado nacional que trabaja en el Congreso para tratar una ley a pedido de los gobernadores pero que rechazan Cristina Kirchner, su hijo Máximo y diputados y senadores que les responden. La Cámpora necesita de este instrumento electoral para competirle por ejemplo a los intendentes bonaerenses y también para que los gobernadores no impongan su lapicera como el kirchnerismo impone la del Instituto Patria en Buenos Aires.
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Más allá de Biocombustibles y las PASO, Massa y Casaretto puntearon los temas en los que habría amplio consenso con el objetivo de convocar a reuniones de comisión para los primeros días de la próxima semana. La AFIP prorrogó hasta fin de mes la obligatoriedad de recategorización a los monotributistas, que se quejan porque no se actualizaron los montos de las distintas categorías a pesar de la inflación. Antes de ese vencimiento en Diputados quieren votar la media sanción. Sin la ley los contribuyentes deberán recategorizarse según los valores del año pasado y en muchos casos hasta quedarán excluidos del régimen.
El último día del 2020 el Poder Ejecutivo Nacional envió al Congreso un proyecto que apunta a morigerar el impacto negativo sobre los pequeños contribuyentes que quedaron en condiciones de ser excluidos de oficio del régimen simplificado, un régimen que en muchos casos esconde trabajo informal. También establece beneficios para pequeños contribuyentes cumplidores que se pasaron al régimen general y un procedimiento transitorio de acceso al Régimen General.
El proyecto busca establecer que para la actualización de 2021 se considere la variación que tuvo en todo 2020 el haber jubilatorio mínimo. Como el porcentaje fue de 35,3% la facturación anual máxima subiría de $1.739.493,79 a $2.353.535,10 en el caso de la prestación de servicios mientras que se incrementaría de $2.609.240,69 a $3.530.302.65 para quienes se dedican a la comercialización de bienes muebles.
Otro dato del proyecto: los monotributistas que en los últimos 15 meses hayan superado la facturación tope de la última categoría podrían quedarse en el monotributo aunque sólo cuando no hayan pasado un 25% ese monto y con la condición de que paguen la diferencia entre los importes mensuales que pagaron y lo que corresponde a la máxima categoría más un adicional. Aún así sería un alivio fiscal para ellos.
En segundo lugar se trataría la ley de Sostenibilidad de la Deuda, un proyecto enviado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, que obliga a todos los futuros presidentes a pedir permiso al Congreso antes de tomar deuda.
El tercer tema también es fácil de acordar: el presupuesto para Ciencia y Técnica que se fijaría con porcentajes crecientes a futuro. En comisiones el dictamen salió por unanimidad.
El cuarto tema es positivo desde distintas perspectivas, insistió ante Infobae el diputado Casaretto. Primero es un estímulo a la construcción, con exenciones impositivas en Bienes Personales, Ganancias y transferencias de inmuebles para quienes inviertan en obras privadas. Incluye además un blanqueo. La construcción derrama por lo que significa la contratación de mano de obra y por los efectos en los insumos que requiere. Pero además se votarían un Fondo Fiduciario para créditos hipotecarios que apunta también a la clase media. En lugar de los UVA se tomaría como unidad el salario y el fondo compensaría la diferencia.
El paquete, hasta ahí, no genera rispideces. El tema es la desconfianza del interbloque de Juntos por el Cambio que teme el avance sobre la Justicia en Extraordinarias.
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