De Echeverría a López Obrador: los siete presidentes de México investigados por delitos durante su cargo

En los últimos 50 años, las autoridades ministeriales del país han iniciado 24 carpetas de investigación en contra de siete presidentes de México por delitos relacionados con el cargo que desempeñaron o desempeñan.

Desde Luis Echeverría Álvarez, implicado en la matanza de estudiantes de 1968 como en el periodo de la Guerra Sucia, hasta el actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador, los jefes del Ejecutivo han sido denunciados aunque no ha procedido ninguna acción que los lleve tras las rejas.

De acuerdo con una solicitud de transparencia compartida por el periodista Gaspar Vela de La Octava, la Fiscalía General de la República (FGR) se vio obligada a proporcionar los datos sobre mandatarios y/o ex mandatarios que han sido imputados, sus nombres, delitos en cuestión y estatus de las denuncias.

La petición fue presentada ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y protección de Datos Personales (INAI), instancia que modificó la respuesta de la FGR en su sesión del 20 de enero bajo el recurso de revisión RRA 10324/20. El pleno aprobó el proyecto del comisionado Oscar Guerra Ford, luego de que la FGR argumentara que no podía entregar la información.

En el oficio FGR/UTAG/DG/001561/2021, con fecha del 23 de marzo reciente, la dependencia encabezada por Alejandro Gertz Manero reveló que se abstuvo de investigar a Enrique Peña Nieto, quien fue sucedido por López Obrador y estuvo desde diciembre de 2012 a diciembre de 2018.

No se argumentó el motivo de la abstención, pero se abre una suma de suspicacias porque en el periodo de Peña Nieto, la institución pasó de ser dependiente del Ejecutivo a constituirse como órgano autónomo. Es decir que la dependencia investigadora de delitos aún tenía injerencia presidencial, como en los mandatos anteriores a ese.

Según la respuesta ofrecida por la FGR, solamente José López Portillo y Miguel de la Madrid Hurtado se han salvado de investigaciones. Así como aquellos que estuvieron desde Manuel Ávila Camacho hasta Gustavo Díaz Ordaz, en periodos sexenales de la época moderna.

En tanto, las investigaciones contra López Obrador están en trámite. Cabe recordar que el presidente ha sido denunciado por el Partido Acción Nacional (PAN) desde el 20 de octubre de 2019, cuando se le recriminó haber ordenado la liberación de Ovidio Guzmán López, hijo del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, el Chapo.

Un año después, el presidente fue denunciado por el Partido de la Revolución Democrática, por su presunta negligencia y omisión en el robo de 37 mil piezas de medicamentos para el tratamiento de niños con cáncer. AMLO fue imputado junto con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

El 23 de noviembre de 2020, López Obrador fue acusado ante la FGR por Kenia López Rabadán, senadora del PAN. La causa, que el presidente habría cometido delitos del servicio público al decidir la inundación de comunidades indígenas chontales como Nacajuca, Centla, Jalpa, Macuspana y Cunduacán, en el marco de las lluvias que llenaron presas en Tabasco.

Pues el gobierno federal optó por cerrar parcialmente las puertas del embalse “El Macayo” y así, las corrientes de agua no se incorporaran al cauce del Río Carrizal, que hubiesen afectado a la ciudad de Villahermosa ante el paso del huracán Eta.

Contra Carlos Salinas de Gortari, las autoridades ministeriales decidieron el no ejercicio de la acción penal. Este político es considerado como el “innombrable” y “padre de la desigualdad moderna” por AMLO; llegó al poder por presuntas acciones de fraude electoral en 1988.

Emilio Lozoya lo implicó en su denuncia de hechos como probable cabildero para sumar votos a la reforma energética de 2013, además, para que su hijo fuera favorecido en proyectos por Petróleos Mexicanos. Presuntamente, el ex presidente buscaba que Tecnologías Relacionadas con Energía y Servicios Especializados (TRESE) recibiera un pago millonario por la cancelación de una plataforma marítima.

Ernesto Zedillo Ponce de León, quien sucedió a Salinas de Gortari, no fue procesado porque la entonces Procuraduría General de la República justificó su incompetencia en el caso. Actualmente, el último presidente priista del siglo XX está acusado por sus responsabilidades en la matanza de Acteal, una masacre de 45 indígenas tzotziles ocurrida en diciembre de 1997 en esa localidad de Chenalhó, Chiapas.

En cuanto a Vicente Fox Quezada, el presidente panista de la llamada transición democrática (2000-2006), la respuesta de la FGR indica que el estatus de la denuncia está en reserva autorizada.

Felipe Calderón Hinojosa, mandatario de la guerra contra el narco y férreo opositor de AMLO, tiene varias acusaciones. O al menos eso indica la referencia en cuanto a la palabra “Acumulación”. El ex presidente también fue implicado por Emilio Lozoya como quien favoreció con un contrato multimillonario a la compañía Braskem, en la cual era accionista Odebrecht.

Apenas el 14 de marzo pasado, Calderón Hinojosa fue denunciado por los dirigentes de Comuna-Oaxaca, Flavio Sosa Villavicencio y César Mateos Benítez. Los delitos a perseguir serían traición a la patria, financiamiento al terrorismo y aquellos ilícitos que resulten.

No está claro cuales delitos fueron para cada mandatario, pero se puede advertir una asociación. La FGR solo reveló que entre los posibles ilícitos están el genocidio, homicidio, difamación, abuso de autoridad, delitos electorales, contra la administración de justicia, enriquecimiento ilícito, operaciones con recursos de procedencia ilícita, usurpación de funciones, delitos cometidos por servidores públicos, ejercicio indebido del servicio público, así como traición a la patria.

El primero de octubre de 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló la constitucionalidad de llevar a consulta un posible juicio a ex presidentes mexicanos para esclarecer decisiones políticas del pasado. La consulta popular será en agosto de este año. En noviembre pasado, los legisladores aprobaron que fuera suprimido el fuero presidencial para que el jefe del Ejecutivo pueda ser imputado por hechos de corrupción, delitos electorales, como cualquier otro ciudadano y no solo por traición a la patria. El decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de febrero reciente.

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