El anuncio del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de que enviará a la Legislatura un proyecto de ley para permitir el desarrollo de un faraónico emprendimiento inmobiliario privado en los terrenos de la antigua Ciudad Deportiva de Boca, en la Costanera Sur, reavivó en la memoria de los simpatizantes xeneizes que peinan canas el recuerdo de la iniciativa, no menos faraónica, de erigir allí un estadio con capacidad para 100.000 espectadores.
Aquella idea comenzó a gestarse a principios de la década de 1960, durante el segundo mandato en el club de Alberto José Armando, con el fin de contar con un estadio que fuera capaz de cobijar a una cantidad de simpatizantes que la Bombonera, inaugurada en 1940, ya no podía albergar.
Para ello, Boca recibió la donación, de parte del Estado nacional, de un predio en la Costanera Sur que inicialmente era de 40 hectáreas y que requería el relleno de una zona del Río de la Plata lindera a la Reserva Ecológica, que se proyectaba desde la calle Humberto I hacia el sur de la Capital Federal.
La ley 16.575, sancionada el 29 de octubre de 1964 y promulgada el 28 de diciembre de ese año, establecía que allí no solo debía construirse “un estadio con capacidad mínima para 140.000 espectadores”, sino también la sede del club, canchas de básquet y tenis, pistas de atletismo y patinaje, piletas, zonas de juegos para niños, edificios para el alojamiento de deportistas y espacios cubiertos para espectáculos deportivos y artísticos.
Alberto Armando, el impulsor del proyecto de la Ciudad Deportiva de Boca.
En la norma también se establecía que una vez que el club recibiera formalmente el predio, tendría dos años para comenzar las obras y diez años para terminarlas. En caso de no cumplir con ese plazo, los terrenos y las obras pasarían, sin indemnización, a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.
Las tareas de relleno comenzaron pocos meses después, pero resultaron mucho más lentas de lo previsto. Pese a ello, Armando era puro optimismo. “La Ciudad Deportiva fue la mayor locura y es la obra de mayor importancia de todos los tiempos en América del Sur. Queremos que el socio se acostumbre a estar orgulloso de su club por encima de los resultados deportivos”, sostuvo el dirigente en una entrevista publicada en el diario El País de Uruguay el 8 de enero de 1968.
Siete años después de que la ley fuera votada y a partir de un anteproyecto desarrollado por el estudio Coveca, Boca recibió en octubre de 1971 el permiso provisorio de la Municipalidad (la aprobación definitiva llegaría en mayo de 1972) para iniciar la construcción del estadio que se emplazaría en la isla 7 de la Ciudad Deportiva, una fracción de 34 hectáreas junto a la Central Térmica Costanera de la empresa estatal Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (Segba).
Pese a lo que establecía la ley, el coliseo fue proyectado con capacidad para 100.000 espectadores (63.000 en la bandeja superior y 37.000 en las plateas bajas y palcos), 180 boleterías, 30 cabinas para transmisiones radiales, 10 para transmisiones televisivas, espacio para 1.200 cronistas y estacionamiento para 10.000 vehículos. Además se construirían en el mismo predio dos canchas auxiliares.
Una maqueta del estadio que Boca planeaba construir en la Ciudad Deportiva.
La obra, que preveía una inversión de 5.100 millones de pesos (unos 425 millones de dólares de aquella época), se puso en marcha el 24 de mayo de 1972, en un acto del que participó el dictador Alejandro Agustín Lanusse, y debía estar concluida en abril de 1975. Incluso entonces se le puso fecha al partido inaugural: “Será el 25 de mayo de 1975 a las 11, aunque llueva”, sostuvo Armando. Y aseguró que el estadio sería sede del Mundial de 1978.
Tres semanas después de aquel acto, una Asamblea General Extraordinaria del club otorgó el reconocimiento de socios honorarios, por su ayuda administrativa para iniciar las obras, a varios militares y funcionarios municipales y nacionales. Entre ellos, Emilio Eduardo Massera, por entonces secretario del Estado Mayor Naval y luego miembro de la primera junta durante la última dictadura cívico-militar.
Los bríos arquitectónicos duraron poco. En octubre de 1973, las obras del estadio quedaron paralizadas por falta de fondos, en medio de una crisis institucional general. Hasta entonces, se habían colocado 600 pilotes y se había avanzado en la edificación de un primer tramo de tribuna de 30 metros, al tiempo que continuaban las tareas de relleno.
En octubre de 1974, cuando los diez años contemplados inicialmente para la finalización de las obras estaban cerca de cumplirse y los avances eran mínimos, el Congreso de la Nación aprobó la ley 20.853, que prorrogaba hasta fines de 1978 el plazo otorgado a Boca para completar las labores en la Ciudad Deportiva.
El 25 de mayo de 1975, día previsto para la inauguración del estadio, se repartieron en la ciudad invitaciones para la supuesta ceremonia. Armando salió al cruce de los autores anónimos de esa burla. “Les aseguro a nuestros socios que este o un futuro gobierno de Boca, cuando los costos estén más estabilizados, habrá de lograrlo con el dinero del club y sin ayuda ajena”, afirmó. Y resaltó que en el predio se habían construido “17 canchas de tenis, 4 de básquet, natatorios, confiterías y anfiteatros”.
Pero el problema no era el tiempo. El proyecto ya había desbarrancado definitivamente. Armando intentó descargar responsabilidades: en diciembre de 1976 argumentó que la paralización en las obras se debía “a la inflación y a la persecución de hombres que estuvieron en la política”. Entre ellos mencionó a los exministros José Ber Gelbard y José López Rega, al secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, Lorenzo Miguel, y a Martín Benito Noel, quien lo derrotaría en las elecciones del club en 1980 y pondría fin a una gestión de 20 años.
Poco después, algunos de los 3.300 socios que habían adquirido por adelantado plateas o palcos en el futuro estadio iniciaron demandas judiciales contra el club. Además, alrededor de 220.000 personas habían comprado bonos prepatrimoniales para aportar a la construcción. Jamas recuperaron su dinero.
El predio de la Ciudad Deportiva fue vendido por Boca en 1992.
El 31 de diciembre de 1978, y ante el incumplimiento de los compromisos fijados en la ley 16.575, el predio pasó a manos de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Pero en agosto de ese año, una ordenanza de la gestión dictatorial del brigadier Osvaldo Cacciatore abrió la puerta para que Boca recuperara los terrenos: fijó como condición para ello una reducción de las obras que el club debía realizar.
En base a ello, otra resolución municipal consideró, en abril de 1982, que las obligaciones de la institución estaban cumplidas y así volvieron a su poder esas hectáreas, que habían pasado a ser 71 y en las que había cuatro piletas, 19 canchas de tenis, dos canchas de fútbol 9 y una de fútbol 5, dos canchas de básquet, una pista de patín, 10 quinchos, un salón de exposiciones, un pequeño parque de diversiones, un autocine y una confitería. Del estadio, ni noticias.
Así está ahora el predio de la Ciudad Deportiva de Boca. Foto: Mario Quinteros
En septiembre de 1985, Boca se presentó en concurso de acreedores por deudas que ascendían a 4,12 millones de dólares. Cuando la situación empezaba a poner en jaque la continuidad institucional del club, el predio de la Ciudad Deportiva se transformó en una carta de salvación.
Para ello, fue necesario que el Congreso aprobara, en septiembre de 1989, un proyecto impulsado por los diputados justicialistas Jorge Matzkin y José Luis Manzano, y por el radical César Jaroslavsky (todos simpatizantes xeneizes) que modificaba la ley 16.575 y autorizaba a Boca a enajenar el predio, siempre que el comprador respetara los fines originales que se habían previsto para esos terrenos.
Abandonado. El predio de la Ciudad Deportiva, pegado al asentamiento Rodrigo Bueno. Foto: Mario Quinteros.
En 1992, la Ciudad Deportiva fue vendida por 22 millones de dólares a la sociedad anónima Santa María del Plata, que un año después traspasó el predio a Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRSA), la corporación que ahora espera el guiño del Gobierno de la Ciudad para su proyecto de viviendas, oficinas y locales comerciales.