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El propio Estado, con dineros públicos, tendría que asumir los créditos bancarios que adquirieron algunas de las empresas que conforman a la unión Temporal Centro Poblados que, al parecer, con documentación falsa se quedó con una billonaria licitación del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) que buscaba llevar internet a las zonas rurales del país y así beneficiar a los menores que estudian desde esos lugares.
El periódico El Espectador publicó un artículo en el que señalan que el Fondo Nacional de Garantías (FNG) tendría que asumir el pago de las deudas de dos de las empresas que conforman a Centros Poblados y que serían de 7.000 millones de pesos.
En ese diario detallaron que el FNG es una entidad del Estado que surgió en la década de 1980 y que respalda a pequeñas y medianas empresas para que puedan asumir deudas con entidades bancarias. Como estas compañías dejaron de pagar sus deudas, desde que estalló el escándalo de contratación, y se encuentran en mora, lo que seguiría es que esa entidad asuma los pagos.
Se trata de la empresa ICM Ingenieros, reseñaron en el periódico, que tiene un compromiso con el BBVA de 4.000 millones de pesos, y con el Banco de Bogotá de 1.966 millones de pesos. La otra compañía de Centros Poblados a la que le deberían pagar sus deudas bancarias es Omega Buildings Constructora, quien obtuvo un crédito de 3.000 millones de pesos también con el BBVA.
No obstante, en el artículo de El Espectador destacaron que el FNG está trabajando para evitar que con dineros del erario se paguen las deudas de empresas involucradas en presuntos hechos de corrupción y busca que le reconozcan como víctima dentro del proceso que se lleva en contra de Centros Poblados. Esta entidad también argumenta, indicaron en el artículo de El Espectador, que los créditos bancarios se tomaron dentro del contexto de la licitación del Ministerio de las TIC.
En ese medio de comunicación resaltaron también que, a través del levantamiento del velo corporativo en el proceso judicial que se lleva por el escándalo de contratación, se ha podido identificar a quiénes están detrás de esas compañías y respondan también por el anticipo de 70.000 millones de pesos que están en riesgo de perderse al ser entregados como anticipo Centros Poblados tras lo que sería la fraudulenta adjudicación.
En El Espectador recordaron también que la entonces ministra de las TIC aseguró que de ese anticipo se habían recuperado 40.000 millones, y la Procuraduría señaló que los contratistas deben pagar 40.000 millones adicionales dentro de la cláusula penal dentro de la contratación para llevar internet a las zonas rurales.
Karen Abudinen no señaló al congresista Armando Benedetti de presiones para otorgar licitación
El pasado miércoles, la exministra se presentó en la Corte Suprema de Justicia que abrió una indagatoria por las presuntas presiones que recibió de congresistas para que adjudicara la licitación, entre los que estaban implicados el senador Benedetti.
Incluso la otrora funcionaria del gobierno del presidente Iván Duque, le respondió en su momento por Twitter al congresista cuando este le hizo otros señalamientos dentro del escándalo de contratación con centros poblados.
“Senador: Le refresco la memoria. Usted sí me llamó, como hicieron otras personas. Su propósito fue el de sugerirme la cesión del contrato a una firma norteamericana. Mi respuesta fue tajante: Caducar el contrato. YO NO NEGOCIO, NI CEDO ANTE CORRUPTOS”, le dijo Abudinen.
Sin embargo, en su intervención como testigo, la exministra no sostuvo ese señalamiento. La revista Semana conoció la declaración de Abudinen quien dijo que ningún congresista participó en esos hechos y que tampoco la contactaron.
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