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Acusan triangulación entre empresas estatales para contratar a la esposa del jefe de Gabinete

Acusan triangulación entre empresas estatales para contratar a la esposa del jefe de GabineteAcusan triangulación entre empresas estatales para contratar a la esposa del jefe de Gabinete 

La diputada libertaria Marcela Pagano denunció penalmente a Manuel Adorni por un posible conflicto de intereses. Según la denuncia, la consultora de su esposa, Bettina Angeletti, fue contratada por empresas públicas como YPF, AySA, Banco Nación, Aerolíneas Argentinas y la agencia recaudadora ARCA mediante un sistema de triangulación.

No es el primer indicio que involucra a los Adorni: la consultora llamada +Be tiene como cliente a una empresa que busca la concesión del predio de Tecnópolis, cuyo otorgamiento depende de un organismo bajo la supervisión de Adorni. Además, se reveló que el Grupo Foggia, vinculado a Mora Gorini, contrató a la consultora de Angeletti, dedicada al “coaching ontológico”.

Pagano señaló que el grupo Datco, que mantiene contratos con ARCA, AySA, Banco Central, Banco Nación, Aerolíneas Argentinas, Trenes Argentinos y Lotería Nacional, también subcontrató a la firma +Be. En la denuncia se afirma: “Las empresas que mantienen vínculos comerciales con el entorno empresarial directo de un funcionario público que posee capacidad de decisión o influencia sobre organismos estatales podrían encontrarse en una situación susceptible de generar conflictos de interés”.

La diputada agregó que la consultora de Angeletti tiene como clientes a otras empresas con vínculos contractuales destacados con organismos estatales. En la denuncia se expresa: “La circunstancia de que una empresa con tan amplia y profunda penetración contractual en el sector público figure simultáneamente como cliente de la consultora propiedad de la cónyuge del Jefe de Gabinete de Ministros -funcionario que ejerce autoridad jerárquica sobre numerosos organismos de la Administración Pública Nacional- configura un cuadro de relaciones comerciales cruzadas entre la esfera pública y la esfera privada del funcionario que refuerza significativamente la hipótesis de un posible conflicto de interés estructural”.

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