El kirchnerismo avanza casilleros en su pelea con la Corte Suprema de Justicia. El enfrentamiento entre el sector del oficialismo que responde a Cristina Kirchner y la Justicia comenzó un nuevo capítulo este mediodía, en uno de los salones del Senado, se inicie la discusión para modificar la conformación del máximo tribunal.
Mientras se espera el informe que la presidencia del Senado le tiene que entregar al juez Pablo Cayssials, explicando el porqué de la designación del senador de Unidad Ciudadana Martín Doñate en el Consejo de la Magistratura, las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales comenzaron a debatir los proyectos de ley que plantean modificar la conformación de la Corte Suprema.
Al comienzo del debate, la senadora del Frente de Todos Silvia Sapag sumó un nuevo proyecto a las tres iniciativas elevadas por legisladores del interbloque del Frente de Todos y de sus aliados: solo una de ellas mantiene la cantidad de jueces en el mismo número que la actual; las otras dos proponen elevar el número de integrantes a 9 o 16 magistrados.
Hasta este mediodía el proyecto presentado por el senador Adolfo Rodríguez Saá, que integra el bloque Frente Nacional y Popular comandado por José Mayans, era el más cercano al núcleo duro del kirchnerismo. Sin embargo, la presencia de un texto de Sapag, del bloque de Unidad Ciudadana, podría ser el texto que apoye el sector más cercano a la vicepresidenta Cristina Kirchner.
De todas formas, la intención del oficialismo es “hacer una síntesis de los cuatro proyectos”. Obviamente, con la mira siempre puesta en la ampliación de la cantidad de magistrados.
El proyecto presentado por la senadora Silvia Sapag va en línea con algunos de los aspectos que reclaman los sectores kirchnerista. El texto de la representante de Neuquén señala que “la composición de la Corte tiene que pasar a ser de 15 miembros y cinco regiones con representación federal” y la designación de los jueces tiene que incluir aspectos de “toda la vida profesional. No solamente hablo de la cantidad sino también de la calidad de los miembros de la Corte”. La senadora dijo que no sólo era importante determinar qué número tiene que tener la Corte “sino la calidad de sus miembros y cuales tienen que ser sus acciones”. A partir de esto, el proyecto establece también que “tienen que pagar sus impuestos y exponer toda su vida profesional y comercial, contar cuáles son sus empresas, qué clientes tienen en sus estudios jurídicos, etc”.
En el caso del texto del puntano Rodríguez Saá -que fue presentado el año pasado- propone ampliar la cantidad de miembros de la Corte de cinco a nueve jueces y a federalizar al tribunal a través del nombramiento de magistrados por diferentes regiones. “La composición deberá reflejar en su integración las diversidades de género, especialidad y procedencia regional en el marco del ideal de representación de un país federal”, postula.
Asimismo, establece que “con el objeto de salvaguardar la diversidad en especialidades” la composición deberá incluir “representantes del derecho civil, comercial, penal, trabajo, seguridad social, constitucional, contencioso administrativo y cualquier otra rama del derecho público y/o privado”.
El segundo proyecto pertenece a la senadora Clara Vega. La ex miembro de Juntos por el Cambio en la Cámara alta y actual aliada circunstancial del oficialismo ingresó hace unas semanas una iniciativa que establece la “la paridad de género entre hombres y mujeres”. En la actualidad son cuatro hombres y falta nombrar a un juez que debería ser mujer, ya que ocuparía el lugar de Elena Highton de Nolasco, que se jubiló.
Como este proyecto no establece una ampliación del número de magistrados, a la hora de establecer la paridad de género señala que “implica que los miembros del mismo sexo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no podrá superar en más de uno a los miembros del otro sexo”.
Asimismo, también indica que la designación de los magistrados debería ser en base a “diferentes especialidades de sus miembros y de distinta procedencia geográfica en el marco de un país federal”.
La última propuesta que se presentó ayer, y que se debatirá hoy, es del senador rionegrino Alberto Weretilneck. El ex gobernador de la provincia patagónica presentó un proyecto de ley para ampliar la cantidad de jueces de los 5 actuales a 16 miembros.
Según el escrito presentado por el rionegrino, hombre clave a la hora de avanzar y obtener los votos para los temas impulsados por el oficialismo, en la composición del máximo tribunal deberá “garantizarse y promoverse la paridad de género y el federalismo”. A tales fines, la Corte deberá integrarse con al menos tres miembros por cada región, debiendo ser naturales de ella, o tener al menos ocho años de residencia inmediata.
En ese esquema, propone dividir al país en CABA, provincia de Buenos Aires, Norte (Jujuy, Salta, Tucumán, Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones y Santiago del Estero), Centro (La Rioja, Catamarca, Mendoza, San Juan, San Luis, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos), y Sur (Neuquén, La Pampa, Rio Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego).
Además, sugiere que la presidencia se elija por el voto de los miembros, dure un año y que no se pueda repetir a un titular de la misma región “de manera consecutiva”.
Las posibilidades de progreso del proyecto hoy parecerían ser pocas. Aunque el oficialismo puede obtener la mayoría simple en el Senado para que avance -esto es la mitad más uno de los votos- es poco probable que consiga los números en la Cámara de Diputados.
Además, en el caso de que logre la sanción también en la Cámara baja, después se enfrentaría a la necesidad de conseguir 48 votos en el Senado -los dos tercios- que son necesarios para poder designar a un juez de la Corte Suprema de Justicia.
Esto también genera preocupación en un sector del gobierno nacional que entiende que en el caso de que se consiga la aprobación de la ley no podrá designar jueces y quedará abierta la posibilidad para la próxima gestión.
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