La Justicia federal dictó una medida cautelar que representa un fuerte revés para la administración de Javier Milei. La jueza Martina Isabel Forns, del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín, ordenó al Gobierno nacional abstenerse de ejecutar cualquier modificación sobre el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) en el marco del decreto 462/2025.
La medida judicial fue solicitada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que cuestionó los alcances del decreto firmado por el Ejecutivo a comienzos de julio. El fallo establece la suspensión por un período de seis meses, con el objetivo de “evitar perjuicios irreparables y preservar el statu quo hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo”, según fundamentó la magistrada.
El decreto en cuestión forma parte de un paquete más amplio de reformas que incluye disoluciones, fusiones y reconfiguraciones dentro del aparato estatal. En el caso del INTI, el vocero presidencial Manuel Adorni había anunciado su transformación de organismo descentralizado a “unidad organizativa dependiente” de la Secretaría de Industria y Comercio. La reestructuración también contemplaba que los ingresos del instituto por aranceles, patentes, rentas o convenios pasen directamente al Tesoro Nacional, y se habilitaba la creación de nuevos centros de investigación con apoyo privado.
Desde el oficialismo justificaron las medidas bajo el argumento de que se trata de una estructura “sobredimensionada, con áreas administrativas superpuestas y escasa articulación con las necesidades reales del sector industrial”. Sin embargo, el fallo judicial detiene ese avance por el momento.
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