Casación rechazó un planteo de Cristina Kirchner y el caso por el espionaje en el gobierno de Macri pasará a Comodoro Py

La vicepresidenta Cristina Kirchner no logró frenar que el caso por el espionaje ilegal que se abrió en Lomas de Zamora desembarque en Comodoro Py. Es que la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió hoy, en una votación dividida, que es la justicia federal porteña la que debe investigar si existió durante el gobierno de Mauricio Macri una asociación ilícita comandada por las autoridades de la AFI, en connivencia con el Servicio Penitenciario Federal, para espiar a dirigentes políticos, propios y ajenos, jueces, periodistas, gremialistas y dirigentes sociales.

Aunque la vicepresidenta puede ir en queja a la Corte Suprema, el fallo de Casación provoca que el expediente salga de a órbita de Lomas de Zamora. En Comodoro Py la causa recaerá en el juzgado de María Eugenia Capuchetti, aunque ya no intervendría el fiscal Carlos Stornelli, quien se apartó del capítulo que investiga las escuchas a los presos en la cárcel, por ser querellante en la llamada causa “Puff”.

Al mismo tiempo, en otra resolución, Casación rechazó los planteos de los ex directivos de la AFI macrista Gustavo Arribas y Silvia Majdalani por los procesamientos dictados en su contra por haber espiado a Cristina Kirchner en el Instituto Patria y en su casa de la Recoleta. Según el fallo, la jurisprudencia señala que los procesamientos no pueden ser revisados por Casación ya que no constituyen “una sentencia definitiva, ni una equiparable a tal”.

Todo versa sobre presuntas maniobras de espionaje ilegal, una investigación que nació en Lomas de Zamora y se divide en tres partes: la vigilancia sobre la entonces ex presidenta Cristina Kirchner en el Instituto Patria; el espionaje ilegal a dirigentes opositores al macrismo, como Cristina Kirchner y Hugo Moyano, y oficialistas como Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal, en donde ya se concretaron indagatorias que incluyeron al secretario de Mauricio Macri Darío Nieto; y una tercera parte sobre el capitulo de los llamados presos K.

El caso de CFK en el Instituto Patria tramitó ante el juez Juan Pablo Augé tras una denuncia de la titular de la AFI Cristina Caamaño. La segunda parte de la causa (los políticos y lo presos) se radicó primero ante el juez Federico Villena cuando un narcotraficante aseguró que había tenido que poner un artefacto explosivo en la causa de un político y eso derivó en una megainvestigación en donde quedó al descubierto un grupo de espías que, bajo una sala de WhatsApp llamada “SuperMarioBross”, compartían vigilancias y seguimientos a la casa de diferentes políticos, jueces, periodistas y gremialistas. Hasta la hermana de Mauricio Macri fue espiada.

Lo cierto es que el caso se instruyó en los tribunales de Loma de Zamora. Cuando la vicepresidenta Cristina Kirchner fue a declarar como querellante y presenciar las pruebas, grabó un video en donde disparaba sobre Comodoro Py y las causas en su contra.

Casación ya había dado varios indicios para que el caso saliera de la órbita de Lomas de Zamora. Sin embargo el 12 de febrero pasado lo plasmó en una resolución. La querella de CFK apeló y aunque el juez Auge ya había dispuso preparar todo para enviar a Comodoro Py la propia Casación le ordenó revocar esa medida. Eso generó que el juez Auge dictara los procesamientos de los ex jefes de la AFI macrista Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, el ex director del Servicio Penitenciario Federal Emiliano Blanco, decenas de agentes de la AFI y penitenciarios y la ex funcionaria de la Casa Rosada Susana Martinengo. El secretario privado de Mauricio Macri Dario Nieto, en tanto, recibió la falta de mérito.

Pero aunque todavía falta la decisión sobre el recurso de CFK para que el cuestión de competencia se definiera en la Corte. Para la vicepresidenta era “imprescindible que la Corte Suprema de Justicia de la Nación intervenga en el caso y, de forma inmediata, emita una resolución que garantice el enjuiciamiento y la sanción de las maniobras delictivas denunciadas ante los Tribunales que por ley resultan competentes.”

Hoy los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo rechazaron el planteo de la vicepresidenta. En su argumentación, los magistrados afirmaron que si la acusación versa sobre una maniobra global de inteligencia dirigida desde el Estado, todo se organizó desde la base de operaciones de la AFI de 25 de Mayo, a una cuadra de la Casa Rosada, competencia de la justicia de Comodoro Py para investigarlo. Aunque haya habido hechos en Lomas de Zamora, como los ocurridos en la cárcel de Ezeiza, si todo fue una única maniobra no puede dividirse, dijeron.

En la resolución, Casación afirmó que la Corte no podía intervenir en cuestiones de competencia porque no se trataba de una sentencia definitiva. Y rechazó además que no podía admitirse el argumento de la “gravedad institucional” . Pusieron como ejemplo la causa “Correo Argentino”, en donde está investigada la familia del ex presidente Mauricio Macri. Según señalaron, la invocación de que el caso trasciende a la sociedad no es suficiente para prescindir de los requisitos para acceder a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En disidencia, la jueza Angela Ledesma insistió en que el caso debía seguir tramitándose en Lomas de Zamora y avaló conceder los recursos a la Corte Suprema por entender que existía afectación a las garantías de defensa en juicio y juez natural alegadas por los querellantes.

Al mismo tiempo, Casación también rechazó diversos recursos de queja presentados por las defensas de los ex jefes de al AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani contra los procesamientos dictados en el capítulo del Instituto Patria, que tuvieron como víctima a Cristina Kirchner. Según el fallo, la jurisprudencia señala que los procesamientos no pueden ser revisados por Casación ya que no constituyen “una sentencia definitiva, ni una equiparable a tal”.

En la causa del Instituto Patria ya están con procesamiento confirmado los ex jefes de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, el ex jefe de Operaciones Especiales Alan Ruiz y el encargado de Contrainteligencia Martín Coste. En febrero pasado, también fueron procesados Arribas y Majdalani, Blanco y otros 36 imputados por integrar una asociación ilícita que llevó adelante distintas tareas de espionaje a políticos de la oposición y el oficialismo, a periodistas, jueces y gremialistas, y también a presos de causas kirchneristas. Ese fallo ahora será revisado por la Cámara Federal porteña.

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