El juez Leopoldo Rago Gallo, a pedido del fiscal federal Fernando Alcaraz, imputó a 11 personas por integrar una organización dedicada al comercio de drogas dentro del Servicio Penitenciario Provincial, doblemente agravado: por el número de implicados y por la venta de estupefacientes en el interior de la cárcel. De los 11 involucrados, seis cumplen actualmente condena y cuatro se encuentran prófugos. Una mujer fue excarcelada por riesgo de embarazo.
En el último año, los movimientos de dinero de la organización detectados en cuentas bancarias y billeteras virtuales alcanzaron aproximadamente $590 millones. La investigación incluyó escuchas telefónicas y allanamientos coordinados por la Policía Federal y la división de Drogas Ilegales, que permitieron identificar a varias parejas de los reos como mediadoras en el ingreso de estupefacientes.
Entre los imputados figuran Cristian Jesús Latorre y Leonardo Jesús Arias, ambos presos por delitos relacionados con drogas, y Sebastián Humberto Tobal, conocido como ‘jefe de pabellón’, quien cumple 20 años de prisión por homicidio. En sus celdas se secuestraron pastillas y 47 gramos de cocaína, mientras que en domicilios vinculados a sus parejas se hallaron marihuana, cocaína, armas y elementos relacionados con la venta de drogas.
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