Dos sujetos fueron señalados como responsables de la amenaza de bomba que generó alarma en el Centro Cívico a mediados de septiembre. Se trata de Carlos Cabaña y Hugo Sebastián Castro, quienes quedaron detenidos el fin de semana por orden de la UFI Genérica. La investigación sostiene que los llamados se habrían hecho en horas laborales.
La audiencia prevista para este lunes no pudo concretarse y fue reprogramada para la mañana del martes, debido a que las partes avanzan en un acuerdo de juicio abreviado. El entendimiento contemplaría una pena de dos años de prisión condicional, la mínima para este tipo de hechos.
El caso está bajo la conducción del fiscal Ignacio Achem y la ayudante fiscal Belén Sánchez. En la defensa intervienen la defensora oficial María Ivana Nielson, en representación de Castro, y el abogado particular Mario Morán, que asiste a Cabaña.
La Fiscalía de Estado se constituyó como querellante en el expediente y pidió que los imputados cubran los gastos ocasionados por la activación del protocolo de emergencia, estimados en cuatro millones de pesos. No obstante, fuentes judiciales advirtieron que ese planteo difícilmente tenga lugar en el ámbito penal y debería resolverse en el fuero civil.