El conflicto de intereses del árbitro asignado para pleito entre Sacyr y Fondo de Adaptación por el ‘puente del acordeón’

Las obras que conectarían a los pueblos de la provincia de García Rovira, en Santander, con Bucaramanga se han convertido en un verdadero problema. La compañía española Sacyr sería la contratada para llevar a cabo las obras de infraestructura por un valor inicial de 80.000 millones de pesos, luego se les otorgaría una adición de 23.000 millones de pesos, según reseña Revista Semana.

El contrato contemplaba la realización de tres viaductos, pero seis años después la construcción de dos nunca empezaron y el tercero es el famoso puente Hisgaura o ‘puente del acordeón’, nombre que recibió por sus extrañas ondulaciones a los lados que lo hacían ver arrugado. La polémica por su aspecto trascendió hasta incluso proponer la demolición, sin embargo, luego un estudio concluyó que la apariencia no comprometía la estabilidad.

Luego de su entrega las fallas persistieron. Primero fue cerrado por “unos arreglos pendientes” y luego a mitad del 2020, usuarios reportaron grandes daños en la capa asfáltica del puente y algunas barandas de protección averiadas. Ante esto INVIAS solicitó al Fondo de Adaptación requerir al contratista y que interviniera en las fallas.

Pero estos no serían los únicos problemas de la obra, Germán Vargas Lleras en su columna destapó un problema administrativo. El expresidente indicó que uno de los seis otrosíes firmados entre el Fondo de Adaptación y Sacyr se pactaban variaciones en el contrato original. Uno de ellas era que un tribunal de arbitramiento y no un juez de la república se encargaría de cualquier conflicto entre las partes.

Esta toma especial sentido ahora que la constructora reclama al estado el pago de gastos administrativos, tras alargarse la duración en la obra y un nuevo reajuste de costos por un total de 42.000 millones. Teniendo en cuenta el otrosí, se convocó un tribunal y se eligió como árbitros a Fernando Silva, Fernando Sarmiento y Eduardo Fonseca. Sobre el último es a quien se refiere Vargas Lleras en su columna.

El exvicepresidente señala que Fonseca es “íntimo amigo” de Francisco Martínez, director del departamento jurídico de Sacyr. Aunque esto no se ha demostrado, si hay constancia de ambos son socios fundadores de Consultoría Contractual, una firma de abogados especializada en infraestructura y servicios públicos.

Además, según indica la revista Semana, se encontró también que el hoy árbitro Fonseca actuó como apoderado del Consorcio del Magdalena Medio (Commsa), del que formó parte Sacyr, en un pleito en 1997.

El artículo 15 del Estatuto de Arbitraje Nacional está estipulado que todo árbitro tiene el deber de informar si “ha coincidido con alguna de las partes o sus apoderados en otros procesos”. Al Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio llegó una carta de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado donde le solicita al árbitro aclarar sus vínculos con dicha compañía y si efectivamente sostiene una amistad con su director jurídico.

En caso de inhabilitar a Eduardo Fonseca, el veredicto que estaba programado para enero se reprogramará. Pues se deberá elegir un nuevo arbitro, que este se documente bien sobre el tema, para ahí si pasar a tomar una decisión en este caso.