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El fin de semana pasado, un joven oficial que se encontraba de civil fue asesinado en el partido bonaerense de San Martín. Con su muerte, en lo que va del año ya se contabilizan 20 policías heridos de muerte en lo que va del 2020. En medio de la escalada de la violencia y la inseguridad, el Gobierno Nacional creó un programa para analizar en qué casos los efectivos policiales deben usar su arma reglamentaria.
El asesinato del policía Juan Pablo Roldán en pleno centro de Palermo, a fines de septiembre, reabrió el debate sobre el accionar de las fuerzas de seguridad y los protocolos que deben implementar frente a amenazas en plena vía pública. Aquella tarde un hombre con problemas psiquiátricos y armado con un cuchillo enfrentó a Roldán y a otros dos efectivos de la PFA. El criminal, identificado como Rodrigo Roza, encaró directamente a Roldan quien en un un primer momento no quiso disparar para repeler los ataques; recién lo hizo cuando era tarde y ya había sufrido una serie de puñaladas que le terminarían causando la muerte. Desde ese momento se instaló nuevamente la discusión por el uso de las pistolas taser y sobre cómo deben proceder los oficiales frente a situaciones de esta naturaleza.
Este martes, a través del Boletín Oficial, el Ministerio de Seguridad derogó un programa lanzado en el año 2012 destinado a la promoción de rutinas de trabajo y principios relativos al uso de la fuerza y el empleo de armas de fuego por parte de las fuerzas policiales en conjunto con las pautas generales de actuación que debían respetar las instituciones de seguridad.
“Teniendo en cuenta los cambios y discontinuidades que ha sufrido el programa en los últimos años es necesario realizar modificaciones y actualizaciones que refuercen los componentes vinculados a la prevención y reducción de las muertes y lesiones ocasionadas en el marco de intervenciones armadas por parte de funcionarios estatales y al cuidado del personal, como así también aquellas que den lugar a un análisis sistemático y eficaz de la información que permita identificar aspectos relevantes a la hora de diseñar políticas públicas orientadas al uso racional de la fuerza”, justificó la cartera que conduce Sabina Frederic.
En efecto, a través de la Resolución 377/2020, publicada este martes, se creó el “Programa sobre uso de la fuerza y empleo de armas de fuego” que servirá para actualizar los lineamientos establecidos en 2012.
El mismo tendrá entre sus objetivos la promoción de rutinas de trabajo y principios relativos al uso de la fuerza y el empleo de armas de fuego “respetuosos de los derechos humanos y acordes a los principios internacionales vigentes”, así como la elaboración de medidas promotoras de bienestar y protectoras de la integridad psicofísica del personal de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, como así también aquellas orientadas a la formación, capacitación, desempeño profesional, doctrina, equipamiento y rendición de cuentas; el seguimiento y sustanciación de actuaciones administrativas y disciplinarias que se realicen a fin de determinar la responsabilidad del personal policial y de seguridad que haya intervenido en los hechos; y garantizar el acompañamiento y contención profesional al “personal afectado a estrés postraumático u otra condición, vinculados al uso letal del arma de fuego”.
Este programa analizará la información, antecedentes y casos sobre el uso de las armas de fuego por parte del personal de seguridad “con vistas a producir información relevante y propuestas en consonancia con las políticas de este Ministerio”, se aclaró.
Además apuntará a implementar acciones tendientes a erradicar y prevenir prácticas irregulares y abusos funcionales desarrollados al interior de las Fuerzas Policiales y de Seguridad.
Entre sus acciones cooperará con la Subsecretaría de Control y Transparencia Institucional “en la investigación de hechos que configuren violaciones a los derechos humanos, bajo los estándares internacionales que regulan el uso de la fuerza, para que sean tratados acorde a su relevancia, con mecanismos ágiles que permitan otorgar transparencia, imparcialidad e inmediatez con el fin de brindar una respuesta estatal rápida y eficiente”.
Mediante esta iniciativa se analizará, evaluará y propondrá, “los medios, guías y protocolos de intervención, y equipamiento para el personal de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales que permitan intervenciones que disminuyan la lesividad y/o la aplicación de medidas de fuerza no letal acorde con los objetivos del Programa”.
Una vez definidos los nuevos parámetros, se instruirá a la PFA, a Gendarmería, a la Policía de Seguridad Aeroportuaria y a Prefectura Naval “para que en el plazo de 30 días corridos adecuen la normativa, criterios de organización y de recursos humanos, a fin de ajustar sus procedimientos internos a pautas generales de actuación ante hechos de uso de armas de fuego que involucren al personal a su cargo, elaboradas por el Programa”.
En el ámbito del Gabinete de asesores que participará en la confección de esta iniciativa, se conformará una comisión de seguimiento y coordinación que estará integrada por dos integrada por dos representantes de la Subsecretaría de Derechos, Bienestar y Género, de la Subsecretaría de Control y Transparencia Institucional, de la Subsecretaría de Formación y Carrera, y de cada una de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, quienes serán designados dentro de las próximas 48 horas.
“Resulta oportuno y necesario efectuar modificaciones a las pautas generales de actuación en función de asegurar su adecuación a una perspectiva de derechos humanos, bienestar, prevención y control, por un lado, y de acompañamiento institucional y diseño de políticas públicas en base al análisis cuantitativo y cualitativo de casos de uso de armas de fuego y de muertes provocadas por el uso letal de la fuerza, por el otro”, se insistió en la resolución que lleva la firma de Sabina Frederic.
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