El Gobierno nacional ordenó una serie de despidos en la Procuración del Tesoro ante sospechas de venta de información confidencial vinculada al juicio por la estatización de YPF. La medida apunta a reformar el organismo clave en la defensa del Estado, mientras la causa avanza en tribunales internacionales.
La tensión crece puertas adentro de la Procuración del Tesoro, el organismo responsable de representar legalmente al Estado argentino, luego de que la Casa Rosada diera la orden de remover funcionarios por presuntas filtraciones en la causa YPF. Según fuentes oficiales, se sospecha que se habría vendido información sensible relacionada con la estrategia judicial contra el fondo Burford Capital, que reclama una indemnización millonaria por la expropiación de la petrolera.
Aunque no se conocieron detalles sobre cómo surgieron las sospechas ni qué tipo de documentación pudo haberse filtrado, en el Gobierno aseguran que la situación es grave. “Creemos que hubo venta de información”, confió una fuente con acceso directo a la investigación. Los rumores apuntan a que parte de esos datos podrían haber llegado a manos del fondo demandante, lo que pone en riesgo la posición de Argentina en el litigio.
El Procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla —quien asumió por impulso del entorno de Santiago Caputo— ya trabaja en una reestructuración del organismo. Según trascendió, disolverá varias áreas internas y emitirá un comunicado con los cambios. “Es un área sensible, donde se manejan causas que involucran miles de millones de dólares. El Procurador está haciendo una purga”, afirmaron desde Balcarce 50.
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