A través de un comunicado, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua informó que a César Duarte se le formuló la imputación por los delitos de peculado y asociación delictuosa con penalidad agravada. Además, se dieron a conocer los hechos por los que fue detenido.
Por lo anterior, un juez de Control impuso como medida cautelar la prisión preventiva, además de resolver que será el próximo miércoles 8 de junio efectuarán la audiencia de vinculación a proceso para el ex gobernador priista.
Durante la audiencia, se expuso como antecedentes que entre los años 2011 y 2014, cuando César Duarte fungía como el gobernador del Estado de Chihuahua, y en supuesto acuerdo con funcionarios, además de otros actores no identificados, supuestamente desviaron recursos del patrimonio estatal.
La cantidad supuestamente asciende a los 96 millones 685 mil 253 pesos, “los cuales se encontraban depositados en varias cuentas pertenecientes a la Secretaría de Hacienda y estaban destinados exclusivamente a fines públicos”.
En esos mismos años, supuestamente desde el gobierno del estado que encabezaba el imputado se realizaron un total de 17 pagos reiterados a dos personas morales, mismas con las que había presuntos intereses personales y de negocios. Advirtieron en este sentido que Duarte era Presidente del Consejo Directivo y administrador de una de ellas, así como accionista mayoritario de la otra.
Estos actos, revelaron las autoridades “fueron orquestados e instruidos para la entrega de estos recursos públicos a través de 11 procedimientos administrativos simulados”.
Una vez que fueron informados los hechos, integrados por múltiples testigos que deponen en su contra, ahora estará en manos del órgano jurisdiccional la definición de la situación jurídica del imputado cuando se efectúe la audiencia de vinculación a proceso.
Aseguraron, por otra parte, que durante los siguientes días, reiteran la garantía de que el imputado habrá de estar seguro durante su estancia en el Centro Penitenciario de la entidad.
Su trato, advirtieron, será igual y apegado a lo establecido en los derechos humanos, mismo procedimiento por el que pasa cualquier otra persona que ha sido privada de su libertad en el estado de Chihuahua.
Advirtieron, además, que el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial, de acuerdo con el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales