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Birmania canceló en amplias zonas del país, especialmente en el tumultuoso estado de Rakín, las elecciones previstas para el 8 de noviembre, lo que ha disgustado a quienes serán privados de su derecho al voto y que acusan a los comicios de falta de credibilidad.
El partido de la jefa del gobierno de facto Aung San Suu Kyi, la Liga Nacional por la Democracia (LND), es el ganador en estas elecciones para renovar el Parlamento y las asambleas regionales. Esta es la segunda votación libre desde la salida de la junta que controló el país durante medio siglo.
Pero en muchas áreas donde viven minorías étnicas, el apoyo popular al partido está disminuyendo.
La comisión electoral anunció la semana pasada que, por razones de seguridad, la votación no se llevaría a cabo en muchos distritos electorales: dos tercios de los habitantes del estado de Rakín; es decir, alrededor de 1,1 millones de personas, serán privadas del voto, al igual que cientos de miles de personas en otras partes del país.
“Es desastroso”, dijo a la AFP Hla Maung Oo, miembro del grupo étnico budista Rakín y quien dirige uno de los muchos campos de desplazados de la región.
Incluso antes del anuncio de la comisión, las tensiones eran altas en este estado, escenario de una doble espiral de violencia asesina.
A la crisis en torno a los musulmanes rohinyás se superpone otra rebelión local entre el ejército birmano y una milicia armada, el Ejército de Arakan (AA), que lucha por una mayor autonomía para la etnia de Rakín. Este conflicto ha dejado cientos de muertos y heridos, así como unos 200.000 desplazados.
Ambos bandos están acusados de abusos, pero AA mantiene el apoyo de las minorías que se sienten marginadas en comparación con la mayoría étnica Bamar de la que forma parte Aung San Suu Kyi.
– Privados de derechos –
Muchas minorías incluso más pequeñas están atrapadas en esta violencia y privadas del derecho al voto; entre ellas los rohinyás, a quienes las autoridades les han negado la ciudadanía birmana durante décadas.
En 2017, 750.000 de ellos huyeron a Bangladés durante un nuevo éxodo después de una brutal represión militar y violencias que han llevado a Birmania a ser acusada de “genocidio” ante la Corte Internacional de Justicia, el tribunal judicial más alto de la ONU.
Quedan aproximadamente 600.000 rohinyás en Birmania, la mayoría de ellos viviendo en el estado de Rakín en condiciones equiparables a las del apartheid, según grupos de defensa de los derechos humanos.
La decisión de la comisión electoral afecta a otros estados, especialmente Shan, Kachín y Karen. Dwe Bu, diputado del Partido Popular del Estado de Kachín (KSPP, nacido de la fusión de cuatro partidos étnicos en junio de 2019) acusa al gobierno de abandonar a las minorías.
La imparcialidad de la comisión, nombrada por el gobierno, se pone en tela de juicio. Para la mayoría de los observadores, las cancelaciones afectan principalmente a los feudos étnicos y favorecen a la LND.
La comisión “negó abiertamente a las minorías el derecho a representación”, dijo Kyaw Win, de la ONG Burma Human Rights Network (BHRN), que lo instó a revocar su decisión.
La LND niega cualquier interferencia, pero la comisión enfatizó que las cancelaciones se decidieron en consulta con el gobierno, incluidos dos ministerios controlados por el ejército.
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