Lo acontecido en horas de la madrugada de ayer en Canal 5 de Rosario es algo que no sorprende. Lamentablemente, los episodios protagonizados por líderes encarcelados dirigiendo operaciones tras los muros, soldados de esos narcos que obedecen sin cuestionar las órdenes, reclutas operativos con ansias de probar que están para más y nuevas generaciones de narcos que se autoperciben como la versión potenciada de antecesores que en el mejor de los casos cumplen condena, no fue más que una cronología que demostraba a gritos esta profecía autocumplida.
Las bandas que operan golpeando a los habitantes de (a esta altura) una sufrida Rosario, han evolucionado de manera tal que, comienzan a percibir como parte de sus herramientas criminales el silencio.
Pues los hechos de esta madrugada así lo demuestran y tal como han conseguido ejercer el control de las calles, cárceles e incluso de ciertos ámbitos judiciales y políticos, han decidido emplear, en esta etapa, una de las herramientas que mejor manejan, el miedo, en la faz inicial a través de amenazas.
La función del periodista, una vez más, ha puesto en jaque el concepto de poder, en este caso de un poder marginal, ilegal y violento que lenta, pero inexorablemente va ganando centralidad.
Pues si pudiéramos en este momento hacer un raconto de las crónicas que han llevado luz sobre cientos de hechos de corte violento, motivados en el narcotráfico, que en su mayoría han culminado con víctimas fatales, estén o no vinculadas a la actividad ilícita (las balas no distinguen entre inocentes y miembros de otras bandas delictivas), veríamos que, el periodismo ha sido uno de los escasos vectores (sino el único) por el cual se ha logrado echar luz sobre estas bandas que hoy se vuelven en contra de los trabajadores de prensa.
Pero lo que más preocupa no es el hecho inaceptable de haber encontrado lo que en México se denomina como “narcomanta”, es decir, mensajes intimidantes dejados por grupos criminales para justificar acciones presentes o futuras, sino que, algunos periodistas que cubren la violencia narco de rosario, tiempo atrás ya habían sido amenazados, sin contar con más auxilio que una custodia policial de una fuerza que, se había visto envuelta en varios de los hechos investigados. La tranquilidad no es un activo del que puedan presumir quienes cubren las crónicas delictivas en Rosario.
Amenazas narcos al periodismo de investigación
Germán de los Santos fue amenazado en el mes de octubre del año 2017 por Lorena Berdun, viuda de Claudio “Pájaro” Cantero, el asesinado líder de los monos, en el Espacio Cultural Universitario, ubicado en la zona céntrica de Rosario, en oportunidad de la presentación del libro de su autoría sobre la banda de los monos.
Berdun que había vulnerado la precaria seguridad de la sala, había ocupado una butaca en la segunda fila, desde donde al inicio de lo que trato ser la presentación, se paró, increpó y amenazó a los periodistas gritándoles… “!Ustedes investigaron a mi familia, ahora los vamos a investigar a Ustedes”.
Junto al periodista Germán de los Santos estaba el coautor del exitoso libro que ya superó la tercera edición, el periodista Hernán Lazcano y como moderador el periodista Roberto Caferra.
Cinco años después, en mayo de este año, Berdun volvió a amenazar, mediante la viralización de una carta escrita de puño y letra desde la cárcel de Mujeres de Ezeiza, a periodistas de ser culpables de muchas de las muertes que ocurren en Rosario. “Los medios son la parte fundamental para fogonear todo lo que está pasando. Algunos medios de prensa son los culpables de tantas muertes, de tanta corrupción. Informan con cizaña, maldad y mientras tanto las cárceles se llenan de perejiles”, escribió en la carta viralizada a través de las redes sociales de otra mujer cercana a Los Monos.
Los periodistas eran los mismos colegas a los que les había impedido en el año 2017 la presentación del libro, es decir, De los Santos, Lescano y Caferra. El detalle de su alojamiento en la cárcel de Ezeiza no es menor, dado que fue el corolario de la audiencia imputativa de un nuevo delito donde amenazó personalmente al fiscal Matias Edery.
Sin embargo, y aún más atrás en el tiempo, en la provincia de Mendoza, otro hecho relevante, quizá sin la debida atención tanto de autoridades políticas, judiciales y de la sociedad en su conjunto, sucedió en perjuicio de la actividad periodística de investigación.
Tres periodistas de Mendoza fueron provistos de custodia policial debido a que denunciaron haber sido amenazados por la sindicada como jefa narco de esa provincia, conocida como “La Yaqui”.
Los trabajadores de prensa en cuestión pertenecían al diario El Sol y durante dos años investigaron lo que ocurría en el oeste del departamento de Godoy Cruz, donde, afirmaron, Sandra Yaquelina Vargas (a) “la Yaki” tenía su centro de control operativo del que dependían sus “temibles soldados” a los que se los conocía como “los angelitos de la Yaki”.
Los periodistas publicaron decenas de artículos en los que fueron develando el tráfico de estupefacientes y los crímenes en la zona, la mayoría vinculados con cuestiones de drogas. Por supuesto que “la Yaki”, negó los cargos y el hecho solo quedo como un anecdótico antecedente que, a la luz de lo que hoy nos ocupa, no fue oído.
El peligroso oficio del periodista en Latinoamérica
La violencia no conoce de profesiones o actividades que eximan de sus letales efectos y esto en la región ya es un axioma.
Los registros aportados por la Sociedad Interamericana de Prensa dan cuenta que hasta el mes de septiembre de este año se contabilizaban 30 periodistas asesinados en la región, ocurriendo la abrumadora mayoría de ellos (18) en México.
México se ha transformado en el escenario de cruentos enfrentamientos entre diferentes organizaciones narcocriminales y un Estado ausente que generalmente suele inmiscuirse en dichas “guerras de bandas” por intereses personales de los funcionarios y no por cuestiones reservadas al mero cumplimiento de sus funciones.
Si bien para muchos la comparación con México es considerada como una enormidad, no lo es tanto cuando advertimos que así como allá el Estado (hasta aquí), ha fallado en sus intentos de mitigar el daño que estas organizaciones criminales infringen a la comunidad, comenzamos a ver que el Estado también falla aquí, a escasos doscientos kilómetros de donde se escribe esta columna.
Diagnóstico preciso, terapéutica inadecuada
Todos los estamentos institucionales han percibido el peligro del accionar de estos grupos delictivos, tanto a nivel provincial como nacional, desde el Ejecutivo y el Legislativo hasta el Poder Judicial.
En mayo de este año, los cuatro ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se hicieron presentes en la reunión organizada por la Asociación de Jueces y Fiscales (AJUFE), desde donde se envió un poderoso mensaje a la sociedad y al resto de los poderes del Estado, señalando que la falta de coordinación entre los que deben investigar es funcional al crecimiento del delito, además de reclamar al poder político nacional que se cubran las vacantes que hay en la justicia federal de Santa Fe. Enfáticamente, advertían que no se puede permitir que la cárcel controle la calle. Hay que hacer inteligencia en las prisiones y dentro del marco democrático para que eso suceda.
Una reacción apropiada fue la creación de un Comando Unificado entre las fuerzas policiales de la provincia de Santa Fe y las Fuerzas Federales, aunque insuficiente. Cinco meses después, todo sigue igual, o peor, ya que los muertos por el accionar de estos grupos criminales en el mes de mayo se acercaba a las 120 víctimas, en tanto que a la fecha la cifra supera los 225 casos.
Mucho se ha opinado al respecto, pero la sola saturación de policías en la calle, de patrulleros en algunos de los barrios donde se han registrado el mayor número de homicidios, como Empalme Grande o Barrio Ludueña (40 homicidios en los últimos tres meses), por si solo no alcanzan para mitigar el daño causado; mucho menos para desalentar o neutralizar futuras acciones.
Tampoco sirve el encendido discurso que pide alojar a los “referentes” narcos en celdas individuales de las que solo puedan salir una hora por día, monitorearlos veinticuatro horas aún en sus celdas, al estilo de las cárceles que integran el BOP (Federal Boureau of Prision) de los Estados Unidos, o someterlos a un régimen restrictivo como el que prevé el código penal italiano en su artículo 41 bis, conocido como el régimen antimafia. Pues nada de eso prevé la Ley de ejecución de la pena privativa de la libertad 24.660, en su versión original del año 1996, ni tampoco, en su modificatoria Ley 27.375, del año 2017.
La cuestión penitenciaria merece ser atendida sin demoras y encarnada por especialistas en la materia, por funcionarios probos, preparados y de carrera que sepan conducir y aportar, desde su experiencia, insumos para la generación de herramientas actuariales que el legislador debe interpretar y transformar en leyes. Lo contrario no encuentra lógica en los hechos, pues hace aproximadamente quince años que un funcionario de carrera no conduce el S.P.F.
La visión romántica de la cárcel no hace más que generar un espacio apropiado para la readecuación de estrategias delictivas que impactan de lleno en la vida cotidiana de los ciudadanos de a pie.
Fuentes consultadas al respecto señalan como un grave retroceso en la gestión penitenciaria la abolición de la categorización de internos y sus respectivos alojamientos, el plan de sentencia y el desmantelamiento de la inteligencia penitenciaria. Coinciden en señalar que en la cárcel la igualdad no es un derecho sino un error de concepto que solo favorece a los integrantes de estructuras criminales complejas, tanto nacionales como transnacionales; señalan que el Estado no puede considerar de la misma manera, ni otorgar las mismas oportunidades a un vulnerable criminalizado (persona que delinque en función de sus adicciones), que a un criminal que exige ser considerado como vulnerable para seguir operando sus redes delictivas (por caso un jefe de grupo delictivo que para estudiar derecho deba ser trasladado de Ezeiza o de marcos paz tres veces por semana al dictado de la carrera en la cárcel de devoto).
Cualquier medida que se pretenda adoptar al respecto, deberá como mínimo contar con el consenso político que permita modificar el plexo legal y reglamentario existente.
Como se puede apreciar, los discursos encendidos no superan la categoría de mero acting coyuntural que en nada contribuyen a resolver estos acuciantes problemas de seguridad pública.
Finalmente, lo sucedido con las amenazas a los periodistas de Rosario (pero que va más allá de los límites de la ciudad y de la provincia) no son más que significantes de una realidad que se complejiza por la inacción de un estado provincial que no logra concatenar acciones que se traduzcan ni más ni menos que en el cumplimiento de sus deberes; lo mismo cabe para el Estado Nacional y sus fuerzas Federales.
Las bandas narcocriminales buscan que se acallen las voces que dan cuenta, día a día, de la masacre que tiñe con sangre la ciudad de Rosario.
Con la mafia no se jode; que el Estado tome nota.
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