La Universidad de Buenos Aires (UBA) ha tomado una importante decisión: iniciar acciones judiciales contra el Poder Ejecutivo Nacional para exigir el cumplimiento de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición Salarial, que fue sancionada por el Congreso y promulgada, aunque su aplicación está suspendida a la espera de definiciones sobre las fuentes de financiamiento.
El Consejo Superior de la UBA adoptó esta decisión de manera unánime durante su sesión del 22 de octubre de 2025. En su resolución, la universidad expresó que “este decreto que promulga formalmente, pero suspende materialmente la ejecución de la ley, altera el sistema republicano de frenos y contrapesos establecido en el artículo 1° de la Constitución Nacional y quebranta la voluntad soberana del Congreso de la Nación”.
Además, el texto aprobado señala que la acción del Ejecutivo “implica la vulneración de derechos constitucionalmente establecidos, afectando al sistema universitario y a su comunidad al no poder acceder al financiamiento necesario y a la recomposición salarial estipulados en la ley mencionada”.
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