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León Arslanian, ex ministro de Justicia e integrante de la “comisión Beraldi”, el grupo de juristas que asesora al presidente Alberto Fernández para analizar cambios en distintos órganos del Poder Judicial, admitió que avanzan en la reforma de la Corte Suprema y aseguró que, a pesar de la polémica que causa la iniciativa, es necesario hacer cambios en el Máximo Tribunal de la Nación.
En medio de las tensiones entre el gobierno nacional y la Corte, Arslanian adelantó que ya iniciaron el tratamiento del tema junto al resto de los integrantes del grupo, dado que tiene varios capítulos a tener en cuenta. “Estamos avanzando. La realidad es que a pesar de que es el último de los temas estamos entrando ya en él porque tiene varios capítulos a considerar. Y sí, lo que ocurre es que la Corte no ha tenido, yo diría, en su historia jamás una reforma. Las reformas que han habido han sido indirectas. Han sido por conducto de reformar los recursos procesales que permiten llegar a la Corte. Es más, todavía rige la competencia de la Corte por la Ley 48, que es de fines del siglo XIX. Eso da la pauta de la necesidad de actualizar”, dijo el ex juez en diálogo con CNN Radio.
Al ser preguntado si los cambios que analizan sobre la Corte se focalizan en el número de integrantes del cuerpo, Arslanian dijo que no es un aspecto primordial en lo que se analiza dentro de la comisión. En cambio, sostuvo que observan con especial atención el número de causas que el Máximo Tribunal debe revisar todos los años, lo cual debería ser reconsiderado.
“Eso (el número de integrantes) es un tema verdaderamente secundario, porque una Corte que tiene la magnitud de casos a resolver en un año, que son miles y de toda naturaleza fundamentalmente por la vía de la arbitrariedad, que es uno de los temas que habilitó pretorianamente la Corte, es para considerarlo. Este es un tema que anega la capacidad de todos los tribunales, distrae a todos los jueces, en todo caso, de necesidades institucionales más importantes vinculadas con las cuestiones federales propiamente dichas y eso merece un tratamiento y una manera de resolución. Este es uno de los ejes más importantes que tenemos en la reforma, explicó.
Coordinados por el abogado Fabián Musso –director del BICE-, la comisión también está integrada por los abogados Carlos Beraldi –defensor de Cristina Kirchner–, Andrés Gil Domínguez –el constitucionalista que participó del debate de Ley de Medios ante la Corte por el grupo Clarín–, Gustavo Ferreyra –allegado a Eugenio Zaffaroni– y Marisa Herrera –especialista en derecho de familia–. También están los ministros de las cortes locales Hilda Kogan (Buenos Aires), Claudia Sbdar (Tucumán), Omar Palermo (Mendoza) María del Carmen Battaini (Tierra del Fuego) e Inés Weinberg de Roca (Capital Federal que, además, fue la candidata a la Procuración General postulada por Mauricio Macri). Y Enrique Bacigalupo, un ex juez en España, donde vive hace 40 años luego de exiliarse en los años 70.
“Debimos haber empezado el 18 de agosto pero comenzamos una semana antes. Desde entonces nos reunimos vía zoom regularmente, dos veces por semana. Los martes y los sábados. Trabajamos el temario que surge del decreto que el presidente firmó para encomendarnos la labor. Es muy amplio porque abarca aspectos institucionales muy importantes”, explicó Arslanián, quien también aprovechó para referirse a la tensiones entre el Poder Ejecutivo y el Judicial.
“La relación entre la política y la Justicia hoy está en una fase crítica pero probablemente de eso se salga en la medida en que se vayan produciendo actos de naturaleza política o jurídica que vayan descomprimiendo situaciones. Las relaciones se dan en distintos sectores del gobierno respecto de sus expectativas y de las decisiones que va a tomar el tribunal. Esto forma parte de la problemática”, dijo el ex juez.
En ese sentido, añadió: “Si el tema tiene esa carga política tan intensa no deja de perjudicar el funcionamiento mismo de la Justicia, ya sea la Corte o el tribunal de que se trate, porque tienen la presión de una opinión pública que está esperando un resultado determinado, de una presión mediática significativa y de la presión política. Por esto, se termina tomando una decisión que no es bajo el modo más cómodo ni el más saludable para administrar justicia”.
Arslanián tampoco se olvidó de hacer una autocrítica. Al respecto, admitió que el Poder judicial tiene parte de responsabilidad en los problemas que atraviesa. “La Justicia tiene que satisfacer las expectativas de la sociedad en el sentido de primero resolver y tener mecanismos aceitados de acceso a las personas que tienen conflictos para que los puedan plantear frente a un tribunal imparcial y que administre una solución en un tiempo breve. Esto tiene que ver con la paz social. Es muy importante que los tribunales tengan la disposición de resolver conflictos de la manera más rápida posible. Tiene que tener represtigiamiento los organismos judiciales porque han venido sufriendo un desgaste significativo y en eso va a contribuir una reforma que permita satisfacer del mejor modo posible las funciones que debe cumplir los tribunales frente a la comunidad. Es un proceso que lleva su tiempo”, agregó.
Sin embargo, aclaró que el trabajo de la “Comisión Beraldi” no tiene relación con estos cambios que necesita ese poder del Estado. “Nosotros no tenemos que ver con la Reforma judicial sino con el rediseñamiento del Ministerio Público, de la implantación de juicios por jurado, Consejo de la Magistratura, Corte Suprema de Justicia. Son diagnósticos y después aconsejamiento, proposiciones desde las cuestiones que creemos deben ser resueltas o problemas que hay que resolver desde adentro de cada uno de estos órganos”, finalizó.
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