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Monopolio autorizado: el ENRE otorga a Vicuña el control casi total del corredor minero y desata una crisis institucional

Monopolio autorizado: el ENRE otorga a Vicuña el control casi total del corredor minero y desata una crisis institucionalMonopolio autorizado: el ENRE otorga a Vicuña el control casi total del corredor minero y desata una crisis institucional 

La reciente publicación en el Boletín Oficial de la Resolución ENRE 79/2026 ha generado un gran debate en la provincia de San Juan. El Ente Nacional Regulador de la Electricidad asegura que es un avance para el desarrollo minero, pero varios actores locales y empresas competidoras denuncian que representa una “expropiación regulatoria” de la infraestructura pública a favor de Vicuña Argentina S.A., empresa operadora de los proyectos Josemaría y Filo del Sol. Esta resolución le otorga casi el control total del corredor Nueva San Juan – Rodeo (500 kV) por los próximos 25 años.

El punto central del conflicto es la prioridad de uso del 90% de la capacidad de transporte remanente del corredor que se concede a Vicuña. Según cálculos de CAMMESA citados en el expediente, la capacidad remanente de la línea es del 71% de 854 MVA, equivalentes a unos 606,34 MVA. De ese total, Vicuña obtiene unos 545,71 MVA de prioridad, lo que duplica la demanda máxima publicada por la empresa, que es de 260 MW. Esto implica que el ENRE bloquea el acceso a otros interesados por un cuarto de siglo, otorgando a Vicuña un control absoluto para decidir si otros proyectos pueden sumarse a esta infraestructura.

Expertos y empresas han cuestionado técnicamente esta decisión. Se señala que la resolución se basa en cálculos genéricos de CAMMESA sin detallar supuestos técnicos, la topología ni criterios de contingencia, lo que dificulta la auditoría y el control por otras entidades. También se critica el uso de modelos estáticos con supuestos idealizados, como considerar el nodo Nueva San Juan como una “barra infinita”, método que podría sobreestimar la capacidad real del sistema. Además, se destaca que el marco regulatorio prefiere otorgar prioridades sobre capacidad nueva a construir, no sobre capacidad remanente de instalaciones ya existentes, lo que va contra el principio de acceso abierto y no discriminatorio del Sistema Argentino de Interconexión, SADI.

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