En Mendoza, el Gobierno busca avanzar con una política inédita para frenar el bullying escolar. Este lunes, el ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar, presentó en la Legislatura un proyecto que apunta a responsabilizar a los padres, madres o tutores de los alumnos que cometan acoso.
La iniciativa establece que, ante la notificación de conductas violentas, los adultos responsables deberán garantizar medidas de supervisión, educación o contención. En caso de no hacerlo, podrán recibir sanciones que van desde 5 a 50 días de trabajo comunitario hasta multas económicas que oscilan entre $210.000 y $2.100.000, según la gravedad del hecho.
El sistema prevé además la posibilidad de que los jueces contravencionales apliquen sanciones más duras si se trata de casos reincidentes. En esas circunstancias, no solo podrían duplicarse los días de trabajo comunitario o el monto de la multa, sino que también se impondría la asistencia obligatoria a talleres de parentalidad o terapia familiar.
Según remarcaron desde el Ejecutivo provincial, el objetivo es que las sanciones tengan un efecto preventivo y correctivo. Además, se prevé que lo recaudado por multas o incumplimientos sea destinado a un fondo específico de la Dirección General de Escuelas (DGE) para programas de prevención del acoso escolar y apoyo a las víctimas, así como a Bibliotecas Populares.
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