Durante más de un año un juez federal condenó y absolvió a personas, ordenó detenciones y libertades. Nada extraño en el trabajo de un integrante de un tribunal oral. Pero éste se trata de un caso con particularidades: todo lo hizo desde otro país -cuando la ley establece que los jueces deben estar cerca de sus despachos- y en uso de una licencia especial que dio la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la pandemia del coronavirus, pero sin que las autoridades sepan que el juez se había ido a Paraguay.
El magistrado es Juan Manuel Iglesias, presidente del Tribunal Oral Federal de Resistencia, en Chaco. Su nombre ya había estado involucrado en otra polémica ya que es uno de los magistrados trasladados que fue objetado por el Consejo de la Magistratura de la Nación y que la Corte Suprema falló en su contra. Infobae se comunicó con el juez para conocer su versión de los hechos pero prefirió no hacer declaraciones.
En marzo del año pasado, Iglesias se fue a Asunción, donde viven su esposa e hija, y trabajó desde allí hasta la semana pasada cuando volvió al país, el 3 de mayo. Su regresó se dio cuando Infobae comenzó a indagar en el caso a partir de la información recibida. Y una de las primeras cosas que hizo al regresar fue pedir que lo vacunen contra el coronavirus.
El Reglamento para la Justicia Nacional dice en su artículo 8 que una de las obligaciones de los jueces es “residir en el lugar en que desempeñen sus tareas o dentro de un radio de pronta comunicación que no exceda de 40 kilómetros del mismo”. De Resistencia a Asunción hay 327 kilómetros. El mismo artículo establece que “la Corte Suprema podrá dispensar temporalmente de esta obligación a los magistrados”. Pero Iglesias no cuenta con una resolución del máximo tribunal que lo habilitó a trabajar desde Paraguay.
Infobae consultó a 10 jueces federales de distancias instancias y de agrupaciones de magistrados. Pidieron que sus nombres se mantengan en reserva, lo mismo que las fuentes de la justicia de Chaco con las que habló este medio. Todos coincidieron que con la pandemia se pasó a trabajar de manera virtual -mediante plataformas digitales- y que eso permitió cumplir la tarea desde distintos lugares. Pero señalaron que hacerlo desde otro país excede un límite, no solo geográfico.
“Que un juez tenga que estar en su jurisdicción tiene como sentido estar presente ante cualquier urgencia que requiera que rápidamente tenga que estar en su tribunal. Y los tribunales orales tienen, por ejemplo, personas detenidas a su disposición, quienes muchas veces pidan audiencias con los magistrados. Eso se dio mucho durante la pandemia”, resumió uno de los magistrados consultados. “Si estuviese permitido trabajar desde otro país muchos se hubiesen ido a Miami, a Uruguay, a Cancún que es mucho más lindo que donde están. Y encima más de un año”, sostuvo otro.
“Cuando el Presidente de la Nación sale del país, como ahora Alberto Fernández que está en Europa, deja en su reemplazo a la vicepresidenta. Y desde afuera no firma decretos, para eso está el vice. Si un Presidente no puede, menos un juez”, puso como ejemplo un integrante del Consejo de la Magistratura que prefiero el anonimato porque entiende que puede intervenir en una futura investigación por mal desempeño contra Iglesias.
Este medio preguntó si una de las consecuencias de haber dictado fallos desde otro país podría ser la nulidad de esas decisiones. “Sin duda es un tema para analizar porque Paraguay es otra jurisdicción, ni siquiera lo hizo desde otra provincia. Pero es algo que nunca ocurrió y habría que esperar si hay presentaciones de la partes”, explicó otro magistrado.
Iglesias fue designado el 24 de septiembre de 2015 como juez titular del Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay, en Entre Ríos. Se trata de un tribunal que nunca fue habilitado para funcionar y por esa situación en mayo de 2016 fue nombrado magistrado subrogante del Tribunal Oral Federal de Resistencia. Iglesias estuvo como suplente hasta octubre de 2017 cuando el entonces presidente de la Nación, Mauricio Macri, firmó el decreto que lo trasladó definitivamente como titular al tribunal de Resistencia.
Ese traslado fue a pedido de Iglesias por el estado de emergencia del tribunal de Resistencia, ya que no tenía jueces titulares, y para estar cerca de su familia que reside en Paraguay. “En virtud a que mi familia (hija y esposa) por cuestiones laborales y familiares debieron trasladarse a vivir a Asunción, Paraguay; permitiéndome el cumplir funciones en esta jurisdicción la cercanía a mi familia”, explicó en la nota que envió el 4 de mayo de 2017 al Consejo de la Magistratura, que a fines de junio avaló su traslado.
El pase al Tribunal de Resistencia fue objetado en julio de año pasado por el gobierno nacional junto con otros nueve magistrados traslados, entre ellos los de los jueces de la Cámara Federal de Comodoro Py Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. El oficialismo señaló que los traslados se hicieron incumpliendo distintos parámetros. En el caso de Iglesias que tenía acuerdo del Senado para ser juez de Entre Ríos, pero no de Chaco. Los jueces tuvieron el 4 de septiembre del año pasado una audiencia virtual con el Senado para defender su traslado. Iglesias la hizo desde Paraguay. La Corte resolvió que los traslados no son definitivos, sino momentáneos hasta que se hagan los concursos para designar a sus titulares. Iglesias se quedó sin cargo como titular, aunque el Consejo de la Magistratura no avanzó con los concursos que ordenó el máximo tribunal.
En la justicia de Chaco es conocido por todos que la esposa de Iglesias, Fátima González Toppi, abogada de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), y una hija de ambos ,viven en Asunción. “Antes de la pandemia todos los fines de semana iba a visitarlas”, le dijo a Infobae una fuente que trabaja a diario con el juez.
Con la llegada de la pandemia del coronavirus el Tribunal Oral Federal de Resistencia pasó a trabajar a distancia, como toda la justicia. E Iglesias se fue a Paraguay a estar con su familia y a trabajar desde allá.
Infobae accedió al acuerdo 425 del tres de agosto del año pasado en el que los jueces Rocío Alcalá y Eduardo Belforte, subrogantes del Tribunal Oral de Resistencia, le otorgaron a Iglesias la licencia especial que la Corte Suprema dispuso en su acordada 4/2020 del 16 de marzo del 2020, al comienzo de la pandemia, para que los padres o madres con hijos que no vayan a la escuela pueden quedarse en sus casas.
“Disponer, mientras rija la suspensión de clases en establecimientos educativos de nivel secundario, primario y en guarderías o jardines maternales, el otorgamiento de una licencia especial, goce de haberes, a los padres, madres, tutores o adoptantes a cargo de menores de edad que concurran a tales establecimientos, debiendo acreditar oportunamente dicha circunstancia. Esta licencia será voluntaria”, estableció el máximo tribunal.
La decisión del Tribunal Oral fue comunicada al Consejo de la Magistratura y al Departamento de Medicina Preventiva y Laboral de la Corte. Así lo dice en su parte final. Pero en los organismos le dijeron a este medio que no fueron informados de una licencia para irse a trabajar a otro país, ni que el cuidado de la hija de Iglesias era en Paraguay. “Algo así no hubiese pasado inadvertido porque no hay antecedentes”, explicaron desde el Consejo.
De hecho el acuerdo del Tribunal Oral no hace referencia a Paraguay. Si señala que Iglesias informó “la imposibilidad de cumplir en la fecha establecida su regreso al país habida cuenta la necesaria tramitación del protocolo pertinente ante autoridades administrativas, cuyas resultas informará debidamente al Tribunal”. El mismo acuerdo señala uno anterior sobre la situación de Iglesias. Infobae se lo pidió al magistrado como presidente del Tribunal pero no lo quiso aportar.
En rigor debería haber más resoluciones sobre la partida a Paraguay ya que las fuentes consultadas señalan que viajó allí en marzo y la resolución del Tribunal es de agosto. “Acá en Resistencia era vox populi que Iglesias trabajaba desde Asunción”, coincidieron fuentes de la justicia de Chaco que este medio consultó. Esa situación generó enojos y reproches dentro del Tribunal Oral.
Las juezas Alcalá y María Delfina Denogens -ambas de la Cámara Federal de Resistencia y que en distintos momentos del último año integraron como subrogantes el Tribunal Oral con Iglesias- le hicieron saber al magistrado su malestar por el tiempo que llevaba en Asunción. “Le dijeron que él es era el presidente del Tribunal y único titular por lo que tenía que hacerse cargo de cuestiones que no les corresponden a subrogantes”, explicó una fuente. El punto principal era la demanda de los presos.
Iglesias regresó al país el 2 de mayo pasado. Fue después de un año de su partida a Paraguay. Cuando volvió pidió que le apliquen la vacuna contra el coronavirus. En Chaco, el gobernador Jorge Capitanich incluyó en el plan de inoculación a los integrantes del Poder Judicial que comenzaron a ser vacunados en marzo pasado. Cuando eso ocurrió Iglesias estaba en Paraguay. A su regreso pidió la vacuna que está a la espera de recibir.
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