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En 2019, Joaquín Guzmán Loera —responsable de que cientos de miles de vidas quedaran destrozadas— no volvió a ver la luz. Este hombre, involucrado en 84% de las muertes ocurridas en México entre diciembre de 2006 y julio de 2010, fue sentenciado a cadena perpetua por una corte de Brooklyn, Estados Unidos.
Aunque su sentencia representaría el fin de la era del Chapo, el gobierno estadounidense advierte que hasta la fecha el fundador del Cártel de Sinaloa sigue representando un peligro para la nación norteamericana.
En este proceso, que inició a finales de 2018, la seguridad de los estadounidenses ha sido un factor clave, por eso el juez Brian M. Cogan aceptó poner bajo llave las llamadas interceptadas y las identidades de dos testigos que participaron en el juicio del siglo, “pues podrían causar un daño a la seguridad nacional”.
El expediente 1:09-cr-00466-BMC-RLM revelado por la periodista Laura Ley, el magistrado estadounidense señaló que la información no supera el peligro potencial que podría sobrevenir tras la divulgación de ésta.
Dicha información fue presentada al juez M. Cogan el 18 de octubre de 2018, y se trata de 18 llamadas interceptadas y correos electrónicos relacionados al Cártel de Sinaloa, dirigido entonces por el Chapo.
Ciudades, pueblos y comarcas ahogados por la sangre e incendiados por la metralla en lugares tan distintos como Chihuahua, Baja California, Nayarit, Sonora, Jalisco, Guerrero, Tabasco, Chiapas, Quintana Roo, fueron el fruto que Joaquín el Chapo Guzmán legó a México durante su vida criminal.
Según el gobierno de Estados Unidos, no hay un delincuente con una historia criminal tan abultada y probablemente no exista otro con una historia criminal tan salpicada de sangre como la del capo de Sinaloa.
Desde la guerra contra el cártel de los Arellano Félix por el control de la frontera norte de México hasta el asesinato del cardenal Posadas Ocampo lo hicieron visible a nivel nacional y lo identificaron como uno de los reponsables de los peores repuntes de violencia.
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