La Procuración del Tesoro de la Nación, organismo clave en la defensa legal del Estado, fue blanco de una fuerte reestructuración oficializada este jueves. En medio de un escándalo por la presunta venta de información sensible del juicio por YPF al fondo Burford, el Gobierno confirmó el despido de más de 60 empleados y la reducción de áreas técnicas. Aseguran que el objetivo es achicar gastos y reforzar la eficiencia interna, aunque el contexto encendió las alarmas.
Desde Casa Rosada remarcaron que esta reestructuración no toca al procurador Santiago Castro Videla, pero sí implica la eliminación de direcciones nacionales y la disolución de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado. Esta última, encargada de la formación de abogados públicos, quedará limitada a tareas mínimas, con solo un tercio del personal original. Además, se suprimirán unidades jerárquicas, se reasignarán funciones estratégicas y se reorganizará toda la estructura.
El detonante fue la filtración de información del litigio internacional con Burford, en el que están en juego activos de YPF y, por extensión, del Estado argentino. Aunque aún no se sabe qué datos fueron comprometidos, el Ejecutivo decidió actuar con rapidez. La maniobra no solo implica un ajuste, sino también una señal política en un organismo donde hoy se define la estrategia legal del país ante tribunales internacionales.