La Defensora del Pueblo, Florencia Peñaloza, ha llevado a cabo una importante presentación ante la Justicia Federal para reclamar la baja de pensiones por discapacidad que el Gobierno Nacional aplicó a un grupo de sanjuaninos. En su solicitud, pidió que se declare la nulidad de las decisiones que suspendieron “la pensión NO contributiva por invalidez laboral” a 22 personas, decisión que fue tomada por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Además, Peñaloza solicitó que se ajusten los procedimientos de auditorías para toda la provincia y que se declare la inconstitucionalidad del decreto nacional que “modifica los requisitos para acceder y mantener la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral”. También se pidió una medida cautelar para que, mientras se tramita la causa, el juez federal “deje sin efecto la suspensión provisoria del pago de la pensión no contributiva de los actores y de todos los residentes en la Provincia de San Juan” afectados por esta situación.
Sin embargo, según informaron fuentes del medio, estas medidas cautelares fueron rechazadas. El juez de la causa, Leopoldo Rago Gallo, decidió enviar el expediente a Catamarca debido a que allí se inició un proceso colectivo nacional sobre las pensiones, lo que significa que los 22 sanjuaninos deberán esperar para obtener una respuesta favorable.
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