Ciudad de México, 4 oct. El Senado de México aprobó este martes con 87 votos a favor y 40 en contra una reforma constitucional respaldada por el presidente Andrés Manuel López Obrador que mantiene a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028.
“Con 87 votos a favor, 40 en contra y cero abstenciones (queda) aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo quinto transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución mexicana en materia de Guardia Nacional”, declaró el presidente del Senado mexicano, Alejandro Armenta Mier.
El dictamen aprobado por los senadores, dijo Armenta Mier, se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados.
Con la aprobación se modifican el artículo quinto transitorio del decreto por el que se creó la Guardia Nacional en marzo de 2019 para que las Fuerzas Armadas estén en labores de seguridad pública hasta 2028 y no hasta 2024, como originalmente se aprobó.
Dicha reforma establece que se etiquetarán recursos para las policías estatales y municipales a partir de 2023 y se crea una comisión bicameral que hará la evaluación y seguimiento de las actividades de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, entre otros.
Esto usando criterios más objetivos con indicadores cuantificables y verificables, así como la comparecencia del gabinete de seguridad y la entrega de informes semestrales.
La aprobación ocurrió tras un ríspido y largo debate, que transcurrió entre fuertes discusiones y descalificaciones de los senadores opositores, en especial del conservador Partido Acción Nacional (PAN), y los del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena), del presidente López Obrador.
POSICIONES
Al fijar la posición de Morena, el senador Ricardo Monreal aseguró que la propuesta, impulsada por él, “es un triunfo histórico para el Congreso”, pues tendrá facultades de control sobre las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad: “Ahora tenemos una estrategia bien redactada y un órgano de control parlamentario”.
En tanto, el coordinador del PAN, Julen Rementería, denunció el “intento de militarización del país”, ya que, dijo, no se puso sobre la mesa una propuesta para mejorar la estrategia de seguridad. “Si la gente tuviera más información -asentó- esta propuesta jamás se aceptaría”, dijo.
Por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), la senadora Beatriz Paredes reconoció “la labor y la lealtad de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad, pero con carácter civil” y valoró que se reivindicará el rol de Cámara revisora del Senado al abrirse al diálogo para robustecer el dictamen, y no legislar “al vapor”.
El senador del partido Movimiento Ciudadano (MC), Clemente Castañeda, señaló que la adenda “no atenderá el problema de fondo de la inseguridad y violencia, ya que no ayuda a corregir el fracaso de la política de seguridad del (actual) Gobierno”.
Mientras que la senadora del Partido del Trabajo (PT), Geovanna Bañuelos, afirmó que las modificaciones al dictamen “establecen que el Ejecutivo presentará un informe al Congreso con indicadores que permitan evaluar los resultados obtenidos en materia de seguridad, lo que fortalecerá el desempeño y labor de la seguridad pública del país”.
POLÉMICA
Ante un posible revés en el Senado, hace una semana, el Gobierno mexicano anunció que llevaría a cabo un “ejercicio participativo” el 22 de enero de 2023 para preguntar a la población si desea mantener a las Fuerzas Armadas en las calles para realizar tareas de seguridad pública.
El presidente López Obrador reveló el posible ejercicio tras fracasar la propuesta en el Senado, hace dos semanas, y aunque primero había dicho que sería consulta, cambió a “ejercicio participativo” porque la Constitución prohíbe consultar a la población sobre temas de seguridad nacional y de las Fuerzas Armadas.
Además será la Secretaría de Gobernación (Segob) la que organizará la votación en lugar del Instituto Nacional Electoral (INE), organismo autónomo encargado de las consultas.
La aprobación se dio en una etapa en la que crece la controversia en el país por las políticas de militarización de López Obrador, quien este septiembre promulgó una reforma legal que traslada al Ejército el control de la Guardia Nacional, un cuerpo que él prometió mantener civil al crearlo en 2019.
Hace una semana, un grupo de expertos independientes del Consejo de Derechos Humanos de la ONU advirtió que estas reformas “han sido impulsadas en detrimento de las obligaciones internacionales de México en materia de derechos humanos”.
La actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ha causado polémica en México por afrontar acusaciones de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y uso desproporcionado de la fuerza.
López Obrador, quien en campaña prometió devolver los soldados a los cuarteles, justificó el uso de los militares en tareas de seguridad para enfrentar el crimen.