La Defensoría del Pueblo, encabezada por Florencia Peñaloza, dictó una resolución de oficio en la que solicita al Banco Central de la República Argentina (BCRA) que actúe para proteger a los consumidores ante las prácticas abusivas de algunas entidades emisoras de tarjetas de crédito.
La medida se toma a raíz de la creciente situación de endeudamiento que viven muchas familias argentinas, que ante la pérdida del poder adquisitivo utilizan sus tarjetas de crédito para pagar servicios básicos como la luz, el gas o el agua. En estos casos, muchas personas llegan a fin de mes pagando solo el “mínimo” del resumen, creyendo que están cumpliendo con sus obligaciones. Sin embargo, distintas entidades financieras aplican intereses punitorios desmedidos, incluso cuando el pago mínimo fue realizado en tiempo y forma, lo que genera una acumulación de deuda que crece mes a mes y que en muchos casos se vuelve impagable.
La resolución también advierte sobre otra práctica preocupante: algunas emisoras informan a las bases de datos crediticias apenas se produce un pequeño atraso en el pago, afectando el historial financiero de los usuarios y dificultando su acceso futuro al crédito. Esto ocurre incluso sin respetar los plazos que marca la Ley Nacional N° 25.065, de Tarjetas de Crédito, que prohíbe expresamente estas acciones cuando la persona se encuentra en etapa de refinanciación o ha acordado un plan de pago.
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