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Este martes se llevó a cabo la audiencia del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, en Miami, con el objetivo de que se defina el proceso de extradición a México para que enfrente la justicia, debido al delito de peculado de 700 millones de pesos. Sin embargo, una jueza de Florida acordó aplazar este proceso hasta el próximo 14 de enero del 2021.
Durante la audiencia, la defensa del ex mandatario solicitó a la jueza Lauren Fleischer Louis que se retrasara el procedimiento, mismo que iba a realizarse el 10 de noviembre, debido a festividades como el Día del Pavo y la Navidad, a lo cual accedió. En este día, la defensa deberá presentar pruebas para que se evite su extradición.
Hace unos días, el pasado 21 de octubre, se le concedió una prórroga para que presentara, hasta el 3 de noviembre, sus alegaciones para evitar la extradición. Desde su detención en Florida, en el mes de julio, la misma jueza también le ha negado la libertad bajo fianza.
Duarte había solicitado este beneficio a la corte de Florida bajo el argumento de que no escaparía de los Estados Unidos, además de mencionar que desde 2017, cuando se enteró de las acusaciones en su contra, siempre ha mantenido “comunicaciones de cooperación con el gobierno” de ese país.
Sin embargo, la Lauren Fleischer señaló que la cooperación que el ex gobernador ha proporcionado ha sido “insuficiente” como para concederle la libertad. En este sentido, la jueza también destacó que “nunca oralmente expuso su disposición a ser detenido”, lo cual es relevante, pues “la aceptación de responsabilidad normalmente se entiende como cooperación”, situación que “no está presente bajo estas circunstancias”.
El ex mandatario también El ex mandatario también recurrió a mencionar las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, las cuales no le han permitido “preparar su defensa”, pero Louis rebatió los argumentos de Duarte Jáquez y sostuvo que desde prisión ha tenido la capacidad de comunicarse vía telefónica con su equipo.
Otro de los argumentos de la defensa de Duarte Jáquez para que le permitieran el beneficio es que había sido víctima de persecución política por parte de su sucesor, Javier Corral Jurado, además de que existía peligro en caso de que se completara el proceso de extradición y regresara a México.
Cabe recordar que el ex integrante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se encontraba prófugo de la justicia mexicana desde hace casi cuatro años por su presunta responsabilidad en los delitos de corrupción, peculado, desvío de recursos con fines electorales y enriquecimiento ilícito, hasta que fue aprehendido en Miami, Florida, estado fronterizo de Estados Unidos con México, el pasado 8 de julio.
Al finalizar su administración, Duarte Jáquez dejó una deuda pública de 48,000 millones de pesos, afectación al erario local por 6,000 millones de pesos, y tenía un caso abierto por desvíos de recursos del estado con fines electorales para favorecer al partido, al que estaba afiliado desde 1977, por 250 millones de pesos durante 2015.
Sin embargo, tras su detención, la fiscalía federal integró una nueva carpeta de investigación, pues de acuerdo con una declaración que realizó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, parecía que la anterior no estaba bien argumentada legalmente.
A la red de corrupción que permitió la fuga del ex gobernador y su posterior protección al amparo del poder se le conoce como la “Nómina Secreta”; mientras que a la desviación sistemática de recursos de entidades y demarcaciones gobernadas por el PRI se le llamó “Operación Zafiro”.
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